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Seguridad policial y naval, así como oficinas bancarias y municipales, para servicios como el pago de predios y legalización, piden los habitantes de esta localidad que limita con las provincias de El Oro y Azuay.
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El caso inició en 2023, luego de circular videos de una reunión entre un funcionario del Gobierno de Guillermo Lasso y un representante de empresa de seguros.
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