Luego de diecisiete años de vigor de la Constitución de Montecristi, el Gobierno de Daniel Noboa aspira a que este 16 de noviembre la población apruebe su propuesta de instalar una asamblea constituyente, que implicaría una inversión pública que superaría los $ 200 millones.
El próximo domingo (16 de noviembre) los ecuatorianos están convocados a votar por un cuestionario de cuatro preguntas de referéndum y consulta popular de iniciativa presidencial.
La consulta popular consiste en conocer la opinión del electorado sobre si está de acuerdo con que se instale una asamblea constituyente de ochenta miembros, que se encarguen de redactar una nueva constitución que reemplace a la actual, vigente desde el 2008.
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De obtener el favor popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizará un proceso electoral para elegir a los asambleístas constituyentes, lo que ocurriría en febrero o marzo de 2026.
Luego, en el 2027 se preparará otra elección (referéndum), pero para que la población decida si aprueba o desaprueba el proyecto de constitución que haya elaborado la asamblea constituyente, para lo que tiene un plazo de máximo ocho meses.
Lo que se analiza —de ganar el sí este 16 de noviembre— es que el nuevo texto constitucional se vote en los comicios seccionales de 2027.
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El CNE prefiere no adelantar criterios hasta conocer los resultados del 16 de noviembre.
En su caso, hacer estos tres procesos eleccionarios requeriría de unos $ 180 millones, según las estimaciones que se han hecho en el CNE y fuentes gubernamentales.
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Una constituyente luego de 18 años
En el 2007, en el primer mandato de Rafael Correa, se hizo una asamblea constituyente que, en ese entonces, significó una inversión por los $ 33’601.814 para su operación.
Este parlamento se instaló en lo que hoy es Ciudad Alfaro, un complejo que se levantó en Montecristi (Manabí) y que funcionó entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, cuando se aprobó la constitución actual.
El órgano se compuso de 130 asambleístas constituyentes y, por ejemplo, para pagar al personal se destinaron $ 19’183.711 de los $ 33,6 millones asignados.
De acuerdo con registros públicos, en viáticos se pagaron $ 805.665; y en gastos de servicio de teléfonos celulares, $ 178.586.
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A eso se sumaban gastos en pasajes de avión, movilización, hoteles, alimentación, entre otros servicios para los asambleístas y el personal.
En la actualidad, al 2024, a la Asamblea Nacional, compuesta de 151 miembros, se le asignó un presupuesto —prorrogado por ser año electoral— de más de $ 50 millones, del que gran parte se asigna al pago de salarios.
Según Noboa, de haber una asamblea constituyente se la trasladaría a Riobamba (Chimborazo), lo que implicaría gastos de residencia para los legisladores y el personal que se les asigne.
Además de la logística, seguridad y demás servicios básicos.
Para las elecciones del próximo domingo, el Consejo Electoral aprobó un presupuesto de $ 59′783.375.
De acuerdo con las estimaciones internas, la elección de los asambleístas constituyentes podría costar poco más de $ 60 millones, considerando que se imprimirán papeletas para 80 candidatos, más el financiamiento de la promoción de sus candidaturas.
En el caso de que se haga un referéndum para aprobar la posible nueva constitución, se calcula que tendría un valor de casi $ 60 millones, similar al del referéndum y consulta popular de este 16 de noviembre.
Pero, si la papeleta se incluye en las elecciones de alcaldes, prefectos y vocales de juntas parroquiales de 2027, el costo se reduciría.
Bajo esas proyecciones, se estima que las inversiones hasta el 2027 en procesos electorales y el funcionamiento de una asamblea constituyente requeriría de unos $ 210 millones. (I)
