Después de un año de sufrimiento, las familias de Josué, Ismael, Nehemías y Steven han obtenido la primera sentencia contra los militares implicados en su desaparición forzada.
Los menores fueron capturados por una patrulla militar que recibió la alerta de un supuesto robo. Los embarcaron en una camioneta y se los llevaron a la zona de Taura.
Días después, los cuerpos de los menores fueron hallados calcinados en esa misma zona.
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El tribunal declaró culpables por desaparición forzada a dieciséis militares. A once de ellos les impuso una pena de 34 años y 8 meses, con multa de 800 salarios básicos unificados, la reparación integral de $ 10.000 que debe pagar cada procesado a las víctimas, disculpas públicas por medio de comunicación y ceremonia de desagravio en la base de Taura, incluyendo una placa.
El tribunal ratificó el estado de inocencia de Juan Francisco I. y se ordena levantar todas las medidas cautelares que existen en su contra.
Acogiendo las penas sugeridas de Fiscalía, el tribunal impuso a los cinco cooperadores eficaces una sentencia de 30 meses de privación de libertad.
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La sentencia del tribunal incluye la orden de hacer una publicación, en cuyo texto se deberá explicar que las víctimas “no eran delincuentes sino víctimas de desaparición forzada”, y que las versiones difundidas previas en redes carecían de fundamentación jurídica.
El tribunal determinó que los hechos configuran el delito de desaparición forzada, previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena base de 22 a 26 años, que en este caso se agravó. (I)
