Corrupción e impunidad en el 2026

Ecuador atraviesa una de las etapas más críticas de su historia republicana. La crisis es integral y multidimensional: política, económica, social, institucional, cultural y, sobre todo, moral y anímica.

No se trata de una percepción subjetiva ni de una opinión alarmista, ¡no! Los hechos cotidianos, los informes oficiales, la inseguridad creciente y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones del Estado confirman que vivimos un momento sin precedentes, donde la corrupción y la impunidad se han convertido en males estructurales que erosionan la convivencia democrática y el futuro colectivo.

La corrupción no es únicamente un delito administrativo o financiero; es, ante todo, una forma de violencia social. Violencia contra el ciudadano honesto, contra el contribuyente, contra el joven que pierde oportunidades, contra la familia que ve frustradas sus esperanzas. Cuando los recursos públicos son desviados, no solo se roba dinero, se roba dignidad, se roba futuro y se debilita el tejido social. Esta violencia se reproduce desde los más altos niveles del poder hasta los espacios locales –provincias, cantones y parroquias–, donde también se han infiltrado prácticas clientelares, abusos de poder y una peligrosa normalización de la ilegalidad.

Uno de los rasgos más preocupantes de esta realidad es la llamada “viveza criolla”, entendida como la exaltación del engaño, de la trampa y del beneficio individual por encima del bien común. En una sociedad donde se predican valores que no se practican, la infracción deja de ser la excepción para convertirse en regla. Así, el Estado pasa a ser visto como un botín, “de todos y de nadie”, al que hay que sacarle provecho antes de que otro lo haga. Esta lógica perversa alimenta la desconfianza, profundiza los conflictos y genera una peligrosa indiferencia colectiva frente a los abusos.

La impunidad, por su parte, es el rostro más cruel de esta crisis. Una justicia lenta, burocratizada y, en ocasiones, capturada por intereses particulares termina favoreciendo al infractor y revictimizando al ciudadano. Procesos que se dilatan, causas que prescriben y responsables que eluden la sanción envían un mensaje devastador: en Ecuador, delinquir resulta barato.

No se puede analizar este fenómeno sin mirar el papel de la educación y la familia. La profunda descomposición ética que vivimos encuentra terreno fértil en un sistema educativo que, en muchos casos, ha dejado de formar ciudadanos críticos y con principios para limitarse a reproducir contenidos… sin valores. A ello se suma la fragilidad de la familia como espacio primario de formación moral. El resultado es una sociedad que produce profesionales técnicamente competentes, pero éticamente inmaduros…, verdaderos “bonsáis humanos”, enanos mentales incapaces de gobernarse a sí mismos y peor aún de gobernar a los demás.

Frente a este panorama, el desafío es enorme. La reconstrucción del Ecuador debe empezar por una recuperación ética de la política, entendida como servicio y no como negocio. Desde los gobiernos municipales y provinciales es posible y necesario dar ejemplo de transparencia, eficiencia y cercanía con la gente. La lucha contra la corrupción y la impunidad no será efectiva sin ciudadanos comprometidos, instituciones fuertes y liderazgos con solvencia moral.

¡Ese es el verdadero desafío histórico que tenemos para este 2026! (O)

Manuel Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues