En el Día del Abogado ecuatoriano, desde esta tribuna del pensamiento jurídico y la justicia, corresponde reflexionar sobre el arduo trabajo que cumplen los profesionales del derecho en libre ejercicio, especialmente en un contexto nacional marcado por la incertidumbre política, la inseguridad ciudadana e inestabilidad institucional. Ahora ejercer la abogacía en Ecuador no es tarea sencilla. La crisis del sistema penitenciario, el estado crítico de las cárceles y los niveles de violencia que afectan al país plantean desafíos permanentes para quienes defendemos derechos y garantías. En este escenario complejo, el abogado no solo litiga; sostiene el equilibrio del Estado constitucional de derechos y justicia consagrado en la Constitución. El fundamento de nuestra labor se encuentra en los artículos 75 y 76 que reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Estos principios no son simples declaraciones formales; constituyen garantías reales que obligan a jueces, fiscales y abogados a actuar con ética, técnica y responsabilidad. A ello se suma el marco internacional de protección de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que integra el bloque de constitucionalidad y que exige a los operadores de justicia una actuación acorde con los estándares interamericanos.
Las sentencias vinculantes y actualizadas de la Corte Constitucional han reforzado principios como la seguridad jurídica, la motivación de las decisiones judiciales y el respeto irrestricto al debido proceso. De igual manera, la Corte Nacional de Justicia, a través de su jurisprudencia obligatoria, orienta la correcta interpretación y aplicación de la ley, fortaleciendo la unidad del ordenamiento jurídico.
El abogado ecuatoriano es un actor esencial en la defensa de la libertad, dignidad humana y paz social. (O)
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Elio Roberto Ortega Icaza, mediador y abogado criminalista, El Coca
