La Constitución de 2008, nacida en Montecristi, marcó un antes y un después en la historia democrática de Ecuador. Garantista, plurinacional y pionera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, se convirtió en símbolo de un Estado que aspira al buen vivir y que coloca los derechos sociales en el centro de la vida pública.
¿Qué función tienen los gobernadores?
Hoy, frente al debate sobre una posible asamblea constituyente, se alzan preguntas inevitables: ¿qué se debe cambiar, qué se debe preservar y cómo evitar que los avances logrados en materia social, ambiental y participativa se diluyan en nombre de la “modernización”?
Los riesgos son claros. Una constituyente mal diseñada podría abrir la puerta a la regresión de derechos, a la concentración de poder en el Ejecutivo y a la reducción del rol del Estado en diversas áreas. Sería un retroceso que Ecuador no puede permitirse.
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¿Es hora de una nueva Constitución?
Pero también existen oportunidades. Una reforma bien encaminada podría fortalecer la gobernabilidad, evitar los bloqueos entre Ejecutivo y Legislativo, blindar la independencia judicial y actualizar el marco constitucional.
La clave está en la participación ciudadana. Todos debemos vigilar el proceso, recordando que los derechos sociales y de la naturaleza no son moneda de cambio. El reto no es borrar el camino andado, sino perfeccionarlo. (O)
Jorge Ortiz Merchán máster en Economía y Políticas Públicas, Durán
