En las últimas semanas la ciudadanía del cantón Sucre ha recibido una de las mejores noticias al conocer que está en firme un financiamiento para una inversión de $ 14,4 millones para la construcción de la nueva planta de agua potable para abastecer a las poblaciones de Bahía de Caráquez, San Vicente y partes altas de Tosagua, que de acuerdo con información oficial del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) los recursos provienen de los fondos de la reconstrucción disponibles luego del terremoto de abril del 2016 y seguramente fueron gestionados por los alcaldes de los cantones beneficiarios, lo cual merece el reconocimiento de la ciudadanía.
El proyecto en mención ha sido socializado en reuniones de trabajo sostenidas en la Gobernación de la provincia de Manabí con funcionarios técnicos de los municipios involucrados que avalan las bondades del proyecto, lo cual, si bien es cierto es un paso importante y necesario, no es menos cierto que la mentada socialización debe hacerse extensiva hacia la ciudadanía en general que lleva más de 25 años padeciendo de una falta casi total del líquido vital, lo cual deja algunas dudas que deben ser aclaradas ya que mencionan un nuevo proyecto, diferente a aquel que fue socializado desde marzo de 2023 por el propio Municipio de Bahía de Caráquez, ya que, de existir alguna modificación que optimice y mejore aquel que se diseñó tres años atrás, la duda pasa a un segundo plano frente a la ciudadanía que ha padecido, en el presente año, la falta de agua durante cinco meses continuos. Aun teniendo el financiamiento en firme, es necesario que las fuerzas vivas de la ciudad y las autoridades seccionales estén atentas.
Se ha mencionado públicamente que los recursos serán canalizados a través de la actual Empresa Mancomunada de Agua, que a lo largo de los últimos 25 años, en mi opinión, ha sido parte del problema de la falta de agua. Consideré siempre, más allá de la retórica política, que era imperioso escoger en el marco de la ley un aliado estratégico privado y firmar un contrato de prestación de servicios para que invierta, bajo su responsabilidad y riesgo, en la construcción del proyecto y tenga la responsabilidad de administrar el sistema y hacerse cargo de la distribución, comercialización y cobranza, bajo la supervisión de una empresa pública que esté bajo el exclusivo control del Estado a través de los gobiernos seccionales.
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Se espera que se pase de la retórica a los hechos y de una vez por todas se resuelva un problema de muchos años en beneficio de la ciudad. (O)
Jacinto Rivero Solórzano, ingeniero civil, Guayaquil
