Justicia independiente

Escribo esta nota desde mi visión como docente de la Facultad de Jurisprudencia, actual director de la carrera de derecho de la Universidad de Guayaquil y como exfiscal en la provincia de Guayas.

Debo recordar que desde que inicié mis estudios en la carrera de derecho en la década de los años noventa, ya existían referencias de la injerencia proterva de los partidos políticos y ciertos líderes en la administración de justicia. Entonces no resultaba una novedad, solo era parte de una realidad; un secreto a voces que se ha venido sucediendo por décadas. En ese tiempo no existían los famosos concursos de mérito y oposición; sin embargo, es importante reconocer que habían distinguidos profesionales y jurisconsultos en las altas cortes de justicia, entre ellos, algunos docentes que dictaban su cátedra, y, en las aulas se podía escuchar su talento, apreciar el conocimiento del derecho, y, su proceder ético.

Pero luego, ante el clamor permanente de tener una justicia independiente, aparecen varios cambios en la Constitución de Montecristi, entre ellos la meritocracia en el poder público. Uno de los aspectos que debo destacar es la vigencia de la justicia constitucional, que unos critican, pero que desde la academia se lo considera un avance del Estado constitucional; y, el fin de la Corte Suprema, como máxima expresión de la justicia en Ecuador.

Pero dentro de este contexto, y lo que vive hoy la Función Judicial, la pregunta es dónde se genera todo este caos y deficiencia de la administración de justicia. Y la respuesta, es sobre todo, desde que se le otorgó amplios poderes a un órgano administrativo, técnico y disciplinario como es el Consejo de la Judicatura, que llegó al extremo de emitir resoluciones administrativas sancionatorias por “error inexcusable” para contradecir, modificar o dejar sin efecto fallos judiciales, y, perseguir a operadores de justicia; hasta que la Corte Constitucional a través de la sentencia n.° 3-19-CN/20 determinó la improcedencia e inconstitucionalidad de tal aplicación, estableciendo que el error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo deben pasar por una declaratoria jurisdiccional previa. No obstante, sigue ese mismo órgano administrativo a través de sus representantes ejerciendo influencias e intereses de poder en la administración de justicia, con la sospecha de la participación directa de gobernantes de turno, que han procurado legitimar sus actuaciones por medio de un fracasado y errático Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Lo que resulta actualmente más grave es conocer que la administración de justicia estaría cooptada a través de ciertos operadores por el crimen organizado transnacional; ya no es solo la metida de mano, los intereses o influencias de los partidos políticos y sus líderes. Esto va más allá, al poner en peligro la propia institucionalidad del Estado y la democracia.

Considero, que una salida urgente ante este grave escenario de la administración de justicia es la renuncia inmediata del presidente del Consejo de la Judicatura, y, un juicio político transparente; una investigación diligente y eficaz de los órganos de control y de la Fiscalía General del Estado. Pero luego, hay que impulsar un amplio debate y plantear serías reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que permitan procurar una justicia independiente; elegir jueces probos, con reconocida solvencia profesional y ética; una evaluación anual y transparente a todos los operadores de justicia; concursos de mérito y oposición con participación directa de la academia, las facultades de derecho, los gremios de abogados, la veeduría ciudadana sin injerencias partidistas; establecer un sistema libre de conflictos de intereses, tráfico de influencias; y, sancionar todo acto de corrupción. (O)

Walter Suárez Farías, abogado y director de la carrera de derecho de la UG, Guayaquil