Durante siglos, la soberanía nacional fue concebida como un poder absoluto e indivisible. Desde la Paz de Westfalia, en 1648, los Estados se reconocieron como entidades autónomas, dueñas de su territorio y libres de toda injerencia externa, en igualdad de derechos, independientemente del tamaño o poder, estableciéndose un marco para la coexistencia pacífica entre las naciones. Ese principio rigió el derecho internacional clásico y dio forma a la idea de independencia política.
Hoy, el mundo ha cambiado. La interdependencia económica, la seguridad global y las amenazas transnacionales —como el terrorismo, el narcotráfico o los ciberataques— han transformado la noción de soberanía. Ya no se trata de aislarse del resto, sino de decidir libremente cómo y con quién cooperar. En las democracias actuales, ejercer la soberanía también implica capacidad de celebrar acuerdos internacionales, que fortalezcan la defensa o la asistencia mutua, sin renunciar al control nacional.
El debate respecto a las bases o instalaciones militares extranjeras, ilustra la tensión entre independencia y cooperación. Mientras algunos consideran que tales acuerdos suponen una cesión inadmisible de soberanía, otros los ven como mecanismos legítimos de colaboración para garantizar la seguridad.
El caso de España es especialmente ilustrativo. Tras la firma de los Convenios de Defensa con Estados Unidos en 1953, y más tarde con su integración en la OTAN en 1982, España permitió la presencia de bases norteamericanas en territorio nacional —como las de Rota y Morón—, bajo acuerdos bilaterales que reconocen la soberanía plena española y convinieron que cualquier uso operativo o ampliación debe contar con autorización del Gobierno. Este modelo ha permitido mantener una cooperación estratégica dentro de un marco legal transparente y compatible con la soberanía nacional.
Otros países como Alemania, Japón o Corea del Sur han adoptado esquemas similares de presencia militar extranjera regulada, en función de alianzas defensivas y cooperación tecnológica. En América Latina, Colombia ha firmado acuerdos de apoyo militar con potencias extranjeras, sin que ello suponga una renuncia formal a su jurisdicción territorial.
La Constitución ecuatoriana de 2008 prohibió el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional. No obstante, la Asamblea Nacional (luego de una consulta popular) aprobó una reforma a la Carta Magna que elimina tal prohibición, y permitiría acuerdos de cooperación en materia de defensa y seguridad. La decisión final será sometida a consulta popular, y la ciudadanía deberá pronunciarse sobre si el país mantiene una visión cerrada y defensiva de la soberanía, o adopta una más dinámica y colaborativa, propia del siglo XXI.
El verdadero desafío no es elegir entre independencia o cooperación, sino entender el ejercicio de la soberanía con agudeza estratégica, y considerar que la seguridad es global y deben compartirse responsabilidades, como expresión de madurez estatal, no de sumisión. Al final, la soberanía no se pierde por cooperar: se fortalece cuando se ejerce libremente, con conciencia y propósito nacional. (O)
