Horas antes de escribir este artículo veo que un grupo de comerciantes de Ibarra salieron a las calles de la parroquia San Antonio a pedir que cese la paralización que por dos semanas, desde el alza del precio del diésel, los tiene encerrados y forzados a plegar a un paro nacional, que en realidad ha sido muy parcial, y en la mayor parte de su tiempo, absolutamente focalizado en la provincia de Imbabura.
Dije, en recientes escritos, que el de la gente en la calle, reclamando o apoyando una postura, es de los más efectivos actos de comunicación que ofrece la democracia. Pero quizás faltó insistir lo suficiente en que funciona como tal en un escenario de paz y respeto al otro, no en confrontaciones y actos de barbarie que de parte de reclamantes y represores han trascendido en días recientes.
¿Es válido el pedido de esos comerciantes que caminaron en reclamo de su sustento? Absolutamente. Imbabura es una de las provincias de mayor actividad turística del país, con sus lagunas y artesanías, la calidez de su gente y toda la historia que brota a cada esquina, así como su intensa realidad binacional, al estar tan cerca de Colombia.
¿Más válido que el reclamo de otros comerciantes, y algunos revoltosos, que desde la eliminación del subsidio del diésel, han tumbado árboles, quemado llantas, usado armas contundentes y amenazado a sus vecinos con acciones físicas si no plegaban a un reclamo, que evidentemente no acciona otra posibilidad que la eliminación de la medida, sin diálogo, sin negociación? Para efectos comunicacionales, definitivamente más válido, por más que los dirigentes, impulsores y financistas de los paros violentos sean devotos del caos, como máquina de intimidación, de terror, de secuestros y de ganar a través del miedo.
La protesta social no puede ser eso que vemos a diario por la pantalla, desde la provincia de Imbabura. Tampoco puede combatirse tal forma de supuesta protesta con ataques a puntapiés al que está caído o mortalmente herido, como también hemos visto.
Lo que comunican esas imágenes es indolencia, estupor, y la innegable supremacía de los intereses particulares, sean de minería ilegal, tráfico de sustancias o contrabando, por encima del bienestar general. Pero sobre todo, por encima del real malestar y derecho de protestar de quienes sienten que su actividad productiva no es viable si el diésel se encarece. Y buscar propuestas. Y lograr acuerdos.
En el juego de ajedrez político que se ha convertido esta coyuntura, surge como movimiento importante la ampliación del feriado que acaba también de anunciar el Gobierno de Noboa. Apalancándose en la celebración de la independencia de Guayaquil, dispone un puente vacacional de 4 días que a todas luces tiene el propósito de meter en el congelador la protesta e invitar a todos sus afectados a reclamar sus espacios y aprovechar el turismo que en zonas como el lago de San Pablo, Cotacachi, San Antonio, deben estar pasando una horrenda crisis económica.
Toca solo esperar que el sacrificio de los hermanos imbabureños, los que no lanzan piedras que son la amplia mayoría, sirva de algo en la búsqueda de soluciones para este país convulso. (O)
