¿Quién tiene la razón? ¿Un Estado que abusivamente viola jurisdicción y territorio o uno fallido, corrupto y fraudulento? No existe una sola respuesta correcta como propone Dworkin y, aunque se han publicado posiciones interesantes a favor y en contra de la incursión de EE. UU. en territorio venezolano, configura un verdadero dilema argumentativo donde cualquier solución va a ser poco satisfactoria (como en la analogía de los erizos de Weston), aparte de que constituye un debate moral y como tal no permite justificaciones legales sobre el deber ser, sin violar el ‘principio de Hume’.
Si estuvo bien o mal, si es justo o injusto, son juicios de valor morales que se apartan del uso de cualquier normativa. La consecuencia de admitir juicios morales en el discurso político es que lleva fácilmente a moralismos extremos que pueden fundamentar casi cualquier cosa, como en su momento lo hicieron con el nacionalsocialismo nazi, o el apartheid y con otras formas de discriminación, opresión y explotación alrededor del mundo.
Entonces, así como existe un acuerdo general internacional de que actuaciones como las realizadas por el Gobierno de EE. UU. son inaceptables, existe otro que proscribe gobiernos sin legitimación democrática y los llama “fallidos” cuando todas sus instancias han sido cooptadas de tal forma que el Estado deja de funcionar a favor de los ciudadanos.
¿La violación de un derecho compensa otro? En muy pocos casos y en este particular debería existir algo como una legítima defensa internacional de derechos de terceros adecuada a la situación. Pero aun así seguiría siendo un problema de moralidad, que parafraseando a Dworkin (Justicia para erizos, 2014), cada persona debe responder a partir de su conciencia y convicción moral sobre lo correcto o incorrecto, pues no existe estructura legal que pueda abarcar un enunciado semejante sin violar principios consensuados del derecho internacional.
Al final queda solamente la aceptación como antecedente de legitimación, pero para que esta se pueda materializar se requeriría un ejercicio democrático imposible en gobiernos que niegan la libertad, igualdad, democracia y al mismo Derecho como garantías básicas de los seres humanos. Para un sector, al igual que la ley, una actuación injusta puede ser admisible si cumple con un test de aceptación por parte de la comunidad, pero para otro, ambos deben tener siempre una justificación moral.
Al lector lo único que le habrá quedado claro hoy es que no hay un resultado apropiado y precisamente ese es el problema de la moral, que es individual y subjetiva hasta que se convierte en general y objetiva, cuando se hace generalmente obligatoria. La moral, provenga de Dios o de la razón, no contiene obligatoriedad a diferencia de la ley positiva, por eso el juicio moral es intrascendente mientras que el legal acarrea consecuencias. El llamado “acertijo del derecho injusto” no es una simple invitación a desobedecer la ley con cualquier pretexto, sino a darle contenido moral a esta desobediencia; en este caso, en beneficio de la población venezolana y de la justicia misma como auténtico valor constitucional. (O)
