Los grandes empresarios no deberían ser presidentes. Es más, el hecho mismo de que pretendan ser presidentes de un país debería verse ya como un límite ético, o mejor dicho, una falta de límites del mismo. Ni es un principio de mi invención, ni es algo novedoso. Hace más de 2.400 años Platón y luego Aristóteles, padres de la filosofía occidental moderna, con sabiduría advertían que el gobierno de los más ricos implica ya una degeneración social donde los ciudadanos y sus gobernantes privilegian la riqueza, antes que la moral o la experiencia. Se trata de gobiernos generalmente incompetentes porque quienes son escogidos por su riqueza, generalmente escogen a servidores que no tienen la destreza para gobernar ni la sensibilidad de entender los problemas de los sectores más pobres. La extrema desigualdad genera polarización social, porque los ricos viven en su mundo despreocupados y los pobres que viven en otro.

La primera vez que escribí sobre la tentación oligárquica fue en el 2013, cuando Guillermo Lasso lanzó por primera vez su candidatura a la Presidencia de la República y su contendor era Rafael Correa. La respuesta a esa reflexión fue una carta furibunda, defendiendo sus derechos de participación política. Pero eso no estaba, ni ha estado nunca en duda. En democracia todos tienen derecho de participación política. Desde Platón hasta nuestros días, quienes aspiran a la más alta dirección del Estado teniendo más poder que la mayoría de la sociedad, ya han perdido la capacidad de autocontrol. Han demostrado ya una ausencia de reflexión ética. A esto debo añadir la dificultad real que tienen miembros de las élites económicas para tener la mínima comprensión de las necesidades y angustias de la mayoría de los mortales a quienes aspiran a gobernar.

Escribo todo esto porque no hay ninguna justificación ni explicación posible para que el heredero del grupo económico más importante del país y presidente de la República, Daniel Noboa, mantenga a la salud pública ecuatoriana en terapia intensiva, excepto desidia. Y esa es apenas una de las crisis que vive el país, pero que retrata de cuerpo entero cuán alejado puede estar un gobierno de los problemas más acuciantes que viven sus mandantes. Se ve que ningún miembro del gabinete tuvo que madrugar o hacer largas filas para tomar una cita en un hospital público en el IESS, o comprar medicinas e insumos cada vez que necesita atención de salud. No puede ser que en pleno 2026, el derecho social más elemental de un humano: su salud y vida tengan menos prioridad en la agenda gubernamental que la F1 o el Foro de Davos.

El poder oligárquico está en ascenso en muchas partes del mundo, empezando por EE. UU., pero los resultados son los mismos: posiciones ministeriales ocupadas por empresarios que poco o nada les interesa el bien público y nada saben de cómo manejarlo. Billones de dólares desperdiciados cerrando agencias de atención social y humanitaria, mientras garantizan millonarios negocios o subsidios para empresas. Ojalá los ecuatorianos aprendamos la lección y escojamos en el futuro líderes que al menos una vez en su vida hayan necesitado un hospital público o hayan tenido que hacer fila para usarlo. Si no tienen destreza, al menos tendrán empatía. (O)