La confianza es la piedra angular sobre la que se asienta el Estado democrático: la confianza del pueblo en sus gobernantes, en sus instituciones; la confianza del gobernante en sus colaboradores, en los servidores públicos; todo esto, en cualquiera de las formas de organización del Estado democrático.
La confianza es la que debe motivar, moralmente, en el juzgamiento que tiene lugar en la Asamblea Nacional, en el presente momento, en el juicio político entablado por varios legisladores en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
No se trata de un juicio penal, por lo que no se trata de establecer y comprobar responsabilidades de ese orden. Se trata de apreciar si el pueblo tiene confianza en sus jueces, en su idoneidad; esta es una materia de mayor importancia en lo público y, sobre todo, en lo privado, porque los jueces deciden de materias administrativas, pero, y más grave, en personales, íntimos conyugales, familiares, de la propiedad.
En la constitución de mediados de los años veinte del siglo pasado se creó el voto de desconfianza, según el cual el Congreso podía destituir a los ministros de Estado, al Gabinete, o no posesionarlos, sin ninguna motivación específica, como en los regímenes parlamentarios. También se podía interpelar y censurar a los funcionarios públicos. Bajo este sistema, se produjo un hecho célebre: el presidente de la Cámara de Diputados, José María Velasco Ibarra, propuso ante el Senado la destitución del presidente de la República, Juan de Dios Martínez Mera. El Senado destituyó al presidente, y ese fue el primer escalón de la larga carrera política de Velasco, quien dominó la política del siglo veinte.
Hay que destacar la gran confianza en sí mismo demostrada por el juzgado; uno, porque conoce su materia, y dos, porque parecería que tiene confianza en que no habrá los votos requeridos para su destitución.
Me parece que ha pedido licencia; previamente, por desconfianza, han descalificado a su suplente, e inmediatamente designado un reemplazo ocasional. Contra toda práctica, un abogado intervino en partes de su defensa.
La acusadora, a su vez, ha actuado con la misma confianza y dominio de las leyes que exhibió en su acusación al entonces presidente Guillermo Lasso.
Parecería que el bloque legislativo de ADN se abstendría, con lo que no habría los votos necesarios para la destitución.
Si así ocurre, ADN probablemente perdería el apoyo de una parte importante de la ciudadanía.
Recuerdo los resultados de la última consulta popular: cuando muchos daban por descontada la victoria del Gobierno, yo dije a varios amigos míos que tal vez la ciudadanía se mantenía reservada sobre su intención de voto, por recelo al poder, tanto político como económico, que se encontraban juntos, en las mismas manos. Solo cuando se abrieron las urnas, se conoció el rechazo popular.
El presidente del Consejo de la Judicatura se mantendría en su cargo, lo ejercería, sin la confianza de la ciudadanía. La sombra de su pasado personal y conyugal lo perseguiría permanentemente. (O)
