Para una guayaquileña como yo, la llamada época “invernal” supone una parcial retirada de los territorios culturales: hace mucho calor, la lluvia puede caer en cualquier momento y la inseguridad rebaja las convocatorias a las cinco de la tarde, después de las cuales salimos corriendo a nuestras casas. Entonces, se presentan pocos libros, escasean las piezas teatrales y el cine está amarrado a los premios Óscar. Es un tiempo para leer los libros que se habían acumulado en el velador o ponerse al día de lo que ocurre en los países vecinos.
Leer suplementos culturales, por ejemplo, nos hace envidiar la actividad editorial de aquellos que publican a menudo, y una sola noticia nos vuelca a la adquisición digital detrás de un título atractivo. Las noticias de los premios –España ya concedió el Alfaguara y el Nadal y ha creado otro de enorme caudal, el Aena, que premia con un millón de euros– remueven la conciencia sobre esos golpes entre demanda de calidad y oferta de suerte, que son los reconocimientos que impulsan un nombre y una economía.
Decir premios es pisar la tierra resbaladiza de lo que ocurrió recientemente en Ecuador. Porque el mayor galardón nacional –el premio Eugenio Espejo–, que se consigue por toda una vida de méritos en la cultura, con tres rubros: arte y cultura, literatura y ciencias, y parece ofrecer un básico sostén de vida a quienes están situados ya en el lugar que no obtiene ingresos, se retrasó al punto de adeudar tres mensualidades a sus ganadores. Enseguida las redes recogieron pronunciamientos al respecto a partir de un certero artículo del académico Gonzalo Ortiz Crespo, que encendió, con justicia, el reclamo al Gobierno por ese descuido que en los anales de una institución es un “asunto que puede esperar”, pero que, para sus protagonistas, es la sobrevivencia mensual. Hoy, ya se pusieron al día.
Era obvio que el reajuste de planes y acciones que supuso la integración del Ministerio de Cultura al de Educación, en calidad de viceministerio, entrampe las gestiones por un tiempo, pero este período debió ser mínimo en aras de la justicia y la eficiencia y considerando la dimensión humana que va de por medio cuando se trata de unos pagos, los últimos de esas vidas de ejecutores culturales, que implican la atención a necesidades vitales.
Hubo también la expresión de odios represados en torno de viejos premiados, la mención a palanqueos y tráfico de influencias en la hora de concesión de los premios. Si los hubo, ya eso quedó atrás. Hoy se trata de un compromiso del Gobierno y de la dignidad de los demandantes que, en algunos casos, aquejados de males de salud y por la carga de los años, ya no tienen energía ni ganas de levantar la voz por sus derechos. Es deseable que la situación no se repita más.
A ratos pienso que, en la hora de las elecciones de autoridades de alguna institución cultural, siempre hay ofertas precisamente de acciones en pro de la dignidad de los artistas. En problemas como el que comento, se impone escuchar esas voces y observar esas iniciativas. En la palestra están medios públicos y privados que ejecutan acciones en torno de la cultura; pero, más que del concepto sublime que es este, los hechos deberían girar en torno de las personas, de esos seres que dejaron huella nacional, con sus obras, para siempre. (O)
