Ecuador atraviesa un proceso de intensificación del narcotráfico y del índice de homicidios, fenómenos relacionados. Pese a que el presidente Daniel Noboa declaró hace dos años la existencia del conflicto armado interno, las acciones criminales no han sido neutralizadas de forma efectiva. Como un huracán que crece hasta volverse destructivo, la violencia en el país también aumenta respondiendo a múltiples factores políticos, económicos, sociales y de seguridad, internos y externos.
Entre los factores externos destaca el control que ejerce Estados Unidos sobre las rutas marítimas del Caribe y Atlántico, frente a las costas de Venezuela y Colombia. Allí se han producido hundimientos de embarcaciones y muertes de sus tripulaciones con presuntos cargamentos de droga, lo que ha provocado el desplazamiento de las operaciones narco hacia el Pacífico oriental, frente a las costas de Panamá, Colombia y Ecuador. En este contexto, la Administración Federal de Aviación de EE. UU. ha notificado riesgos para la navegación aérea comercial, por actividades militares.
Entre los factores internos, sobresale la debilidad estructural del Estado, infiltrado por el narcotráfico. La más nociva se ha producido en el sistema judicial. Múltiples casos difundidos por los medios de comunicación han evidenciado la protección a los criminales. Aún más preocupante es la penetración en distintos niveles sociales, particularmente entre jóvenes vinculados directa o indirectamente.
Desde una visión integral, en Ecuador se observa un incremento del narcotráfico y homicidios, a pesar de la intervención de las FF. AA., autorizadas por decretos ejecutivos para realizar operaciones de control de armas y de apoyo a la Policía. Esta última se ha declarado desbordada por el crimen organizado. A ello se suma la presión sostenida de EE. UU. sobre las rutas del Caribe venezolano y colombiano, y la fragilidad interna del Estado ecuatoriano, caracterizada por un sistema de justicia poco confiable y una normalización de la violencia.
En este escenario, resulta recomendable evaluar la política, estrategia y tácticas implementadas por el denominado “bloque de seguridad”. Si bien militares y policías cuentan con armamento, chalecos antibalas, cascos y vehículos, enfrentan serias limitaciones en inteligencia operativa, una alta exposición mediática de las principales autoridades que compromete las operaciones y un acceso insuficiente a tecnología, como escáneres antidrogas y sistemas integrados de control satelital de vehículos y contenedores. Asimismo, sería pertinente apoyarse en las academias de guerra de las FF. AA. para el análisis de la hipótesis de guerra interna contra el narcotráfico. Siempre que exista una articulación real con las autoridades comprometidas. Las FF. AA. siempre están al servicio de la patria.
Finalmente, se debe dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo n.° 288 (16/01/2026), que autoriza a los ministerios de Defensa e Interior a sustentar declaratorias de emergencia, dentro de la Ley de Contratación Pública, con el fin de facilitar las adquisiciones indispensables.
La reducción del narcotráfico y homicidios depende de todos; a diferencia de un huracán, cuya intensidad dependen de la naturaleza. (O)
