Ni la democracia funciona a plenitud ni el ordenamiento jurídico del Estado se respeta en el país. La Constitución solo se usa para defender los derechos, sin obligaciones ni responsabilidades. La violencia, el vandalismo y los actos terroristas se imponen en nombre del derecho a la resistencia y en medio de la impotencia de la mayoría.
Cómo es posible que la gran mayoría de los ecuatorianos, el 70 % de los encuestados por Cedatos, se muestra contraria a la paralización, mientras dirigentes del sector indígena imponen no solo una medida de hecho, sino el bloqueo arbitrario de las vías en el país (la Constitución consagra el derecho a transitar libremente por el territorio nacional), con actos vandálicos y de terrorismo que afectan a quienes salen a trabajar o pretenden abrir legítimamente sus negocios.
Como gran cosa se ha logrado que permitan corredores humanitarios para que por lo menos puedan pasar ambulancias en emergencia y también insumos y oxígeno que necesitan con urgencia los hospitales.
Ya no son solo versiones oficiales sino de tres embajadores y un representante de la Iglesia católica que acompañaron hace 8 días a un convoy oficial que viajaba a Ibarra con víveres y vituallas, y son testigos de cargo del vandalismo y los actos terroristas, que incluyera la rotura de vidrios de los vehículos en los que viajaban.
Se aplica arbitraria e indiscriminadamente la justicia indígena contra quienes, amparados en la ley, pretenden poner orden y garantizar la seguridad interna, en clara distorsión de la norma constitucional (artículo 171) que consagra su aplicación, pero de manera limitada “dentro de su ámbito territorial” y no a juicio de quienes, por ejemplo, retuvieron a 17 uniformados en Imbabura y les devolvieron días después, bien golpeados.
Estos hechos, igual que el condenable asesinato de un comunero, tienen que ser investigados por la Fiscalía con rigurosidad e independencia y establecer las responsabilidades de todos estos acontecimientos violentos.
En medio de este ambiente de incertidumbre, se impone un llamado a la sensatez, la cordura, la responsabilidad, el diálogo civilizado, no impuesto y que no repita malas experiencias de 2019 y 2022 en los que se sometió a las autoridades, incluso con injurias. El camino ya es conocido y no permite la solución con responsabilidad de los problemas estructurales que subsisten.
La Iglesia católica, mediadora en los paros anteriores, otra vez ha interpuesto sus buenos oficios a favor de un diálogo franco y permanente como la vía más fecunda para encontrar soluciones a los problemas de todos. Reconoció el derecho a la protesta, pero pacífica de quienes se sienten que su voz no ha sido escuchada y sus derechos han sido conculcados.
Una reivindicación importante al señalar que la violencia nunca será el camino para construir un mejor país porque termina atentando contra la vida, lesiona a inocentes, afecta al bien común y debilita al Estado de derecho y sus instituciones. No se puede perder el control del país y hay que tener una grandeza de espíritu para desarmar las conciencias y no mirarse como enemigos, sino hermanos entre quienes se puede discrepar, pero no tirarse a matar. (O)
