Con las medidas del lunes, DNA cumplió con dos objetivos:
Primero: evitar que el ajuste fiscal impacte directamente en la ciudadanía, algo rara vez logrado, que le ganará simpatías. Según una encuesta de marzo de la argentina CB Consultora, DNA es el presidente más popular de Sudamérica.
Segundo: generación de ingresos para la caja fiscal ($ 527 millones anuales) vía “reducción del gasto fiscal” (tarifas diferenciadas, subsidios, rebajas de impuestos) como consta en la Carta de Intención. Eso debe apaciguar a los mercados internacionales, aunque esperaban medidas más agresivas. Para 2026 habrá una reforma tributaria, confirmó la ministra Sariha Moya.
Los medios preguntan a los voceros oficiales qué obra se hará con estos ingresos. No esperen ninguna. El dinero financiará gastos previstos, tanto burocráticos como deuda. Ojalá algo quede para mejorar el servicio eléctrico, la entrega de combustibles a naves, la represión de la minería ilegal.
Dos triunfos de un solo golpe. Pero una derrota: aumento de costos para la producción. Las empresas pierden competitividad; habrá menor producción para exportar, aumento de importaciones que compiten con productos nacionales.
Nunca hemos tenido una coordinación de políticas públicas que estimule la producción nacional eficiente. La política industrial de los 70 se propuso proteger el mercado interno, no inducir a la eficiencia y exportación. Desde entonces las políticas se desentienden de la producción.
Este año, cortesía de la Corte Constitucional que eliminó el crédito tributario para el ISD, las empresas pagan ISD sobre las importaciones de bienes de capital e insumos, total unos
$ 400 millones anuales de carga tributaria. No se cumple con la devolución de impuestos incorporados a las exportaciones, como es lo usual en otros países. Y ahora las tres medidas del lunes:
Elevación de la tarifa eléctrica a empresas medianas y grandes. El monopolio estatal ha contratado la construcción de centrales con coimas, sobreprecios, y mal ejecutadas: costos exagerados, que ahora se cobrarán a los clientes empresariales. Ni en Colombia o Perú hay monopolio estatal. En Perú, para los usuarios residenciales y pequeñas empresas hay distribución eléctrica al precio regulado, como acá. En cambio, las empresas grandes deben negociar contratos a plazo directamente con las generadoras; para cualquier carga adicional que necesiten está el mercado spot. Las empresas medianas pueden acogerse a cualquiera de los dos sistemas. El resultado es que las empresas peruanas (y colombianas) pagan tarifas de mercado que pueden ser inferiores a las que fija el Estado ecuatoriano.
A los atuneros le quitan el subsidio al diésel. Petroecuador vende esta semana el diésel industrial a $ 2,44/galón. En Panamá, que no tiene petróleo, está en $ 2,12. Los buques atuneros son fábricas flotantes, que pueden cargar combustible y desembarcar a su carga donde les convenga y pueden cambiar de nacionalidad por razones tributarias y laborales.
Las mineras tienen contratos con fuerte carga fiscal, a cambio se les garantiza estabilidad tributaria. La nueva tasa va en contra de dicha estabilidad.
Con estas medidas lo fiscal prevalece sobre lo productivo. ¿De dónde saldrá el crecimiento de 4 % al que apunta el presidente? (O)
