Las derrotas guardan más sabiduría que las victorias, pues, entre otras cosas, hay en ellas una dignidad que los triunfadores generalmente desconocen. Una vez que se eliminó del escenario nacional la instalación de una asamblea constituyente, con todos los bemoles que nos iba a traer el pasar dos años de incertidumbre, el país se enfrenta con graves problemas estructurales que deben ser abordados en varios niveles, pero con igual premura. Son problemas que únicamente podrán ser superados dejando de lado intereses inmediatos, en beneficio de una gran visión del país que todos y no solo unos queremos, y de una gran estrategia de cómo alcanzarlo. El abanico de las acciones que debería adoptar el Gobierno incluye una transformación legislativa para modernizar, en especial, la economía; un proceso selectivo de reformas constitucionales; y un giro sustancial del puente entre política, democracia y ética. Preparar al Ecuador no para las siguientes elecciones, sino para la siguiente década.
Lo he dicho antes. El presidente puede emprender reformas legislativas de gran alcance para modernizar particularmente el sector económico. Y lo puede hacer a pesar del caduco marco constitucional que nos dejaron los copiones de la constitución venezolana. En el campo de la energía, por poner un ejemplo, urge modernizar su funcionamiento, que aún sigue anclado en modelos de gestión ineficientes. La apertura del capital de las empresas públicas, el sometimiento de ellas al escrutinio de auditores externos, el fortalecimiento de sus capacidades comerciales y su sujeción a las reglas del mercado competitivo son acciones que implicarán un ahorro gigantesco de fondos públicos. Y lo mismo puede decirse de otras áreas donde tanto por la vía legislativa como por la reglamentaria el Ejecutivo goza de un importante espacio.
En paralelo, el Gobierno y, en general, los líderes, así como la sociedad civil organizada, deben emprender un diálogo sobre un proceso selectivo de reformas constitucionales. Para comenzar, cambios en la estructura orgánica del sistema constitucional: las relaciones entre los poderes, el sistema judicial, la configuración territorial y el régimen de partidos; cambios de los que no gusta hablar a muchos a pesar de su importancia. Y luego pasar al área económica. Está claro que no se quiere dar cheques en blanco. Ya se lo hizo en Montecristi y los resultados fueron nefastos. Hay una íntima sospecha de que las reformas que se presentan solo sirven a quien las propone. Este riesgo puede disiparse como lo hizo el presidente Hurtado en 1983, cuando propuso que el paquete de reformas constitucionales que él auspiciaba –algunas fortaleciendo al Ejecutivo– debía regir luego tras su presidencia.
Luego de la experiencia de una década de un Gobierno corrupto y autoritario, y que arrasó con todo viso de institucionalidad y ética gubernamental, el país reclama profundas señales de cambio. El país está harto de sentir que esa pesadilla no termina. Para muestra, allí están impunemente los asesinos de Villavicencio, que lo están matando nuevamente con el circo que han armado. No debe descartarse la idea de un convenio para establecer una comisión anticorrupción internacional con todos los poderes de investigación y sanción. Grandes males, grandes remedios. (O)
