El pasado domingo, Ecuador volvió a las urnas para un referéndum y consulta popular de cuatro preguntas, convocado por el presidente. Entre ellas, la más polémica y determinante planteaba la convocatoria a una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución. A pesar de la campaña oficial y de la intensidad del debate público en las semanas previas, el electorado ecuatoriano se inclinó de manera contundente por el ‘no’ en las cuatro preguntas, con un resultado global que bordea el 58 %. Esta votación no solo cierra temporalmente la puerta a un proyecto constituyente, sino que reabre una discusión histórica sobre la naturaleza misma de las consultas populares en el país.

Tal como lo hemos manifestado en esta columna, desde hace aproximadamente 40 años, Ecuador ha recurrido con frecuencia al mecanismo de consulta como una herramienta política en momentos de crisis, de transición o de necesidad de legitimación gubernamental. Pero, lejos de consolidarse como un instrumento de participación directa y autónoma del pueblo, muchas de estas consultas han sido percibidas –y utilizadas– como una estrategia gubernamental para fortalecer agendas políticas específicas. En lugar de ser momentos en los que la ciudadanía define rumbos nacionales con información equilibrada y procesos neutrales, se han convertido en espacios donde el Ejecutivo busca validar decisiones trazadas.

El resultado del domingo se inscribe justamente en esa tradición. En esta ocasión, la victoria del ‘no’ en las cuatro preguntas no parece haber sido producto de un rechazo puntual a cada tema, sino más bien una señal de desconfianza hacia el proceso en sí mismo, hacia la coyuntura que lo motivó y hacia el propósito político que lo acompañaba. La propuesta de una asamblea constituyente, en particular, generó inquietudes sobre su alcance real, sobre sus riesgos para la estabilidad institucional y sobre la posibilidad de que se reconfiguraran los poderes del Estado bajo un esquema menos equilibrado.

Este voto mayoritario por el ‘no’ bien puede reflejar, además, un cansancio social respecto de la discusión de lo constitucional, pues Ecuador ha tenido tres constituciones en las últimas cuatro décadas, múltiples reformas y una serie de procesos consultivos que han fragmentado la discusión nacional en lugar de ofrecer certezas. Con ello, el país entra en un nuevo capítulo marcado por la necesidad de fortalecer instituciones, no de reinventarlas cada tantos años.

En términos políticos, el mensaje del electorado parece ser claro: la ciudadanía exige soluciones a problemas urgentes –como seguridad, salud, empleo y estabilidad económica– en lugar de debates estructurales que no necesariamente resuelven el día a día.

No es un ‘no’ a Noboa. Es un ‘no’ a la discusión política como centro del accionar del Gobierno. La consulta popular abre un escenario en el que el Ejecutivo deberá replantear su relación con el país y evaluar con seriedad su lectura del momento político.

Noboa tiene tres años y medio para tomar los correctivos necesarios y recuperar la confianza ciudadana, con miras a una posible reelección; pero, más importante, para mejorar la vida de los ecuatorianos. (O)