La democracia ecuatoriana se parece a una chica en la mitad de una plaza. No una estatua: una persona. Lleva un vestido sencillo y alrededor se agolpa una multitud de amigos. No vienen a cuidarla: vienen a ayudarla. Y cada ayuda es un tirón. Cada defensa, un desgarro nuevo. Lo insólito es que los que más gritan “protección” suelen tener las uñas más largas.
Así luce nuestra transición democrática después del correato: aprendió a pronunciar palabras correctas, pero nunca se tomó el trabajo de construir hábitos decentes. Cambiamos el vocabulario, no el instinto. Cambiamos los himnos, no la lógica del botín. Y cuando el país se mira al espejo, lo que ve no es una república adulta, sino un juego macabro: sectores políticos que se disputan a dentelladas pedazos del Estado para convertirlos en riqueza, impunidad y control.
Pero falta el factor que hoy lo contamina todo y que explica por qué el desgarro ya no es solo político sino criminal: la penetración de grupos delictivos en las instituciones. En Ecuador, el vestido de la democracia no se rompe únicamente por la codicia tradicional del reparto. También se rasga por la mano fría de operadores que no buscan votos ni prestigio, sino rutas, contratos, archivos, jueces dóciles y fiscales distraídos. La democracia, al parecer, dejó de ser un régimen y pasó a ser un territorio.
El juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, es un síntoma de esa enfermedad más honda. No porque un nombre explique el derrumbe, sino porque revela el escenario: la justicia convertida en campo de batalla. Y en una batalla así, el trofeo no es la verdad ni la sentencia bien escrita: el trofeo es el control del tablero. La Judicatura debería ser el corazón técnico y ético de la administración judicial. Sin embargo, la tratamos como botín. Y hoy el botín no solo se reparte: se extorsiona.
El sistema judicial llega a este punto con déficit de jueces, precariedad tecnológica, falta de presupuesto e infraestructura insuficiente. Pero lo peor no es la escasez: es el miedo. Cuando una decisión correcta puede costar tranquilidad y vida privada, la independencia se vuelve un acto heroico. Y un Estado que depende del heroísmo para funcionar es, en términos prácticos, un Estado que ya empezó a fallar.
Aquí entra lo incómodo, con nombre y apellido colectivo: este juego no lo juegan solo los políticos. Lo juegan también funcionarios que se adaptan para sobrevivir, autoridades que confunden poder con propiedad, jueces y fiscales que normalizan la presión, y un zoológico de micrófonos que vende moral por minutos. Pero ahora, en medio del coro, hay voces nuevas: operadores de grupos criminales que aprendieron a hablar el dialecto de la “institucionalidad”. Son capaces de vestir saco, citar artículos, sonreír en actos públicos y, de paso, pedir favores con la cortesía profesional del que no necesita levantar la voz para que el mensaje se entienda.
Participan empresarios que piden seguridad jurídica como salvoconducto, académicos que convierten la ambigüedad en coartada, influencers que monetizan la indignación, y periodistas que cambian la investigación por la cercanía. Y, como toda buena tragicomedia nacional, también aparecen los moralistas a tiempo completo: esos que descubren el crimen organizado cuando ya está sentado en la mesa… y luego se sorprenden de que pida la cuenta.
La transición post-correato falló en lo esencial: no rompió la colonización del Estado. En lugar de instituciones que resistan a las personas, construimos instituciones que dependen del humor de las personas. En lugar de reglas, preferimos acuerdos. En lugar de independencia, cultivamos lealtades. El resultado está a la vista: crisis institucional permanente, justicia en disputa, democracia como telón elegante para un teatro de depredadores… con la diferencia de que algunos depredadores ya no persiguen poder simbólico, sino poder armado.
Por eso, el desenlace del juicio a Godoy, sea cual sea, no resolverá el fondo. Puede traer sacrificios y reacomodos. Pero si no se rompe el incentivo que convierte la justicia en botín —y si no se protege a jueces y fiscales para que no trabajen con una pistola invisible sobre el escritorio— la historia se repetirá con otro personaje y otro expediente. La chica seguirá en la plaza, sosteniéndose como pueda, mientras sus defensores le arrancan el vestido. Y un día no quedará tela. Entonces, por fin, entenderemos que no era un debate de principios: era una disputa por el territorio. (O)
