Iniciamos el año 2026 en un escenario mundial en el que se muestra, desembozadamente y con gran prepotencia, el peso dirimente de la fuerza militar y económica de las naciones o grupos que la tienen. Los Estados Unidos de América cambiaron el nombre de uno de sus departamentos, para designarlo como Departamento de Guerra, en lugar de Departamento de Defensa. La fuerza es el argumento mayor y se lo utiliza sin pudor y con orgullo.
Con acciones de este tipo, se posiciona como factor central en las relaciones internacionales, al poder. Se dejan de lado o, en segundo plano, las razones jurídicas plasmadas en el conjunto de tratados, acuerdos y convenciones firmados por los diferentes países del mundo, luego de las dos grandes guerras del siglo anterior. El poder reclama sus prerrogativas y su puesto como instancia decisoria final en las formas de convivencia que, efectivamente, son las que funcionan y definen a la realidad global.
Es una desafiante forma de decirle al mundo cómo son las cosas, colocando en su preciso lugar a todo elemento discursivo proveniente de la filosofía moral que estuvo vigente en el siglo XX y se concretó en las idealistas leyes del derecho internacional público, conjunto normativo que permanentemente resiste los embates de fuerzas que intentan arrasarlo. El derecho es contradicho e invalidado, literalmente, por el poder mundial cuando es un obstáculo para la consecución de sus propios intereses.
En realidad, esa forma de actuar es característica natural e histórica de la condición humana, que también, tradicionalmente, ha intentado ser atenuada por criterios e ideas provenientes de religiones, filosofías y perspectivas humanistas como el arte, la literatura, la música y otras manifestaciones culturales. Generalmente, luego de los desastres causados por las luchas por el poder material en todas sus formas, el ser humano, envilecido y destrozado por la violencia ejercida de los unos en contra de los otros, intenta recomponerse y acude al ideal para sanar y volver a ser aquello que sus propias creaciones discursivas proponen como modelos o paradigmas: misericordiosos, caritativos, justos, buenos, solidarios y conscientes de la interdependencia de todos entre sí y con el medioambiente.
En el ámbito nacional, no experimentamos formas locales del desparpajo internacional. Las normas y sus procesos aún tienen vigencia formal, porque nadie las denigra e invalida conceptualmente, como sí acontece en el mundo internacional pese a que, en la práctica, entre nosotros, se las violenta cotidianamente. La ruptura nacional con el deber ser jurídico se relaciona más bien con la corrupción estructural y la desconexión ciudadana con el sentido del derecho y su importancia para la convivencia.
No vislumbro que los gobiernos nacionales repliquen casa adentro las descalificaciones que el poder global realiza del ordenamiento jurídico internacional. Por el contrario, internamente existe certeza de que son las debilidades culturales locales las que impiden acercarse de mejor manera al ideal filosófico de justicia social, íntimamente conectado con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. (O)
