Ecuador está convocado este domingo a un acto democrático y soberano de responsabilidad con el presente y el futuro, porque define su marco constitucional.
Aunque el irrespeto en redes sociales a las normas legales sobre el periodo de campaña pone en evidencia a los actores políticos, los ciudadanos toman su decisión más allá de la propaganda, la desinformación o intentos de manipulación. Así lo deberían entender quienes impulsan propuestas a favor o en contra de las cuatro preguntas planteadas.
Pasado el proceso es obligatorio que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga una fiscalización y que la tecnología no se use como escudo para violentar normas que fueron creadas a fin de dejar un espacio para la reflexión y análisis antes y durante los procesos electorales en el Ecuador.
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El Código de la Democracia sanciona el incumplimiento del alto a la difusión de publicidad electoral establecido 48 horas antes del día del sufragio y hasta las 17:00 de la jornada de votaciones.
Herramientas para detectar y controlar la campaña en redes sociales existen. Compañías como Meta, que opera Facebook e Instagram, transparentan los patrocinios. Tras años lidiando con la tecnología, ya el organismo rector de la democracia tendría que usar métodos de control sin limitantes y de requerir reformas legales, impulsar su debate.
Hoy la seguridad de la jornada y la transparencia de los resultados son la prioridad, pero no se puede a futuro seguir hablando de un silencio electoral en medio del ruido del espacio digital, implementado por quienes pretenden ser los representantes del soberano.
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Los medios que transmitan publicidad electoral en días prohibidos tendrán multas que van desde 25 salarios básicos unificados hasta 255 salarios básicos unificados, anota el artículo 282 del Código de la Democracia. Los ciudadanos que hagan propaganda pagarán el 50 % del salario básico unificado ($ 235). Las reglas existen, que se cumplan depende de las funciones del Estado, sin pretextos. (O)
