A la Corte Constitucional le corresponde decidir si la propuesta de castración química para violadores se tramita como enmienda o reforma parcial a la Constitución o no da paso. El Gobierno anunció el 11 de julio pasado que fue remitida al organismo una iniciativa contra quienes tengan sentencia ejecutoriada por ese delito.
El presidente Daniel Noboa plantea, además, un registro reservado de los sentenciados por agresión sexual para evitar que estos se vinculen posteriormente a actividades que involucren niños o niñas. Mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre la admisibilidad que permitiría al proyecto pasar a la Asamblea Nacional, hay un debate público respecto a la castración química en el país.
La propuesta de Daniel Noboa surge después de que un asambleísta de la Revolución Ciudadana fue denunciado por la violación de una niña de 12 años y que se conociera que este presentó un proyecto de ley que incluía el consentimiento de relaciones sexuales de menores desde los 14 años.
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Como es natural, la ciudadanía ha repudiado el delito y exige penas más severas que los hasta 22 años de prisión que se permiten hoy en día. Ningún niño, niña ni persona adulta debe ser sometido por ningún delincuente. La violación es un delito atroz que las sociedades civilizadas condenan. Indonesia introdujo en su legislación, en 2016, la castración química para quienes cometen crímenes sexuales contra menores. Ese año, BBC Mundo publicó un artículo en el que constan seis países donde se aplica de forma obligatoria a sentenciados (Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia, Corea del Sur e Indonesia), además de los estados de Estados Unidos que la contemplan y otras naciones donde es voluntaria.
En soberanía cada país resuelve y son respetables los argumentos, pero la realidad es que el Estado está obligado a proteger a su población. Hay que sancionar severamente los delitos, pero una parte vital es prevenir, y en eso también el Gobierno tiene un deber pendiente. (O)
