La noche del 31 de octubre, horas antes de que se inicie el feriado que concluye este 4 de noviembre, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2026. El Legislativo tiene desde esa fecha 30 días para aprobarla o hacer observaciones.
La proforma deberá tratarse a la par de que se desarrolla la campaña de 13 días para el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre. Precisamente esa coincidencia obliga a estar alerta sobre las labores de la Asamblea Nacional, pues ya se ha anunciado la solicitud de licencias, en el oficialismo para impulsar el sí y en la oposición para promover el no.
Por un lapso de los 13 días, al menos, actuarán los asambleístas suplentes de quienes decidan que se dedicarán a la campaña electoral.
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Evaluar entre la responsabilidad adquirida con su elección como legisladores y el compromiso político con sus agrupaciones partidistas permite a los asambleístas tomar su decisión para estos días de proselitismo. La proforma representa la hoja de ruta de las políticas públicas que plantea el régimen por un año.
En ese contexto, más que un plazo calendario de 30 días es el tratamiento del documento que define cómo Ecuador invertirá, gastará y asumirá la economía durante el 2026. Además la campaña no detiene o no debería detener las funciones de legislar y fiscalizar de la Asamblea.
El Gobierno desde su posesión ha actuado con una mayoría parlamentaria que da visos de mantenerse, por lo que desde el Ejecutivo no habrá dudas de la aprobación de la proforma y de no darse un pronunciamiento en 30 días entrará en vigor por ley. Al menos en la mitad del plazo gran parte de asambleístas suplentes tiene la tarea de actuar con seriedad, transparencia, altura y responsabilidad fiscal.
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Es legal solicitar licencia para la campaña. El presidente Noboa anticipó que la pedirá, pero no todo el periodo, pues debe seguir gobernando. En el caso de la proforma, la Asamblea tiene la definición final de la brújula del 2026, por ello su importancia. (O)
