Las denuncias por apropiación fraudulenta con la utilización de medios electrónicos crecen año a año. Mientras la tecnología ofrece nuevas herramientas para el progreso, los delincuentes buscan mecanismos para estafar a los cibernautas más confiados.
En la misma medida que se recomienda manejar claves y plataformas con precaución, las normas legales y organismos de control tienen que ajustarse para evitar riesgos o sancionar con rigurosidad el ciberdelito en Ecuador.
El 2023 el informe de ciberseguridad de Check Point advertía que Ecuador se ubicaba en una posición preocupante en términos de amenazas cibernéticas. Datos de la Fiscalía revelan que de enero a noviembre de 2025 hubo 4.733 denuncias de apropiación fraudulenta por intermedio de medios electrónicos a nivel nacional; en 2024 fueron 3.701.
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La Fiscalía de Ecuador cuenta desde 2022 con una Unidad Especializada de Investigación de Ciberdelito, mientras en la Policía Nacional se creó hace 14 años la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos con el propósito de “detectar, identificar y neutralizar las conductas ilícitas”. Difundir el trabajo de estos organismos es importante, a fin de que la ciudadanía tenga la certeza de que hay investigaciones y quienes delinquen con el uso de tecnología no son intocables.
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Observando el número de delitos y la exposición creciente, es clave el conocimiento, atacar el analfabetismo digital y autoeducarse en la materia para no convertirse en presa fácil de los delincuentes. El Estado está obligado, también, a ser vehículo educativo y difundir en campañas los riesgos y cómo prevenirlos.
Apoyarse en el sector privado como la banca, que tiene en sus plataformas advertencias y ofrece seguros de pago, es otro mecanismo.
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Registro Civil del Ecuador alerta sobre mensajes y llamadas fraudulentas
Ante cualquier tipo de delito la sociedad tiene la opción de unirse para que funcione la prevención y la justicia debe hacer cumplir la ley. La impunidad es inadmisible y repudiable en todos los Estados del mundo. (O)
