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Fiscalía investiga a siete personas por planificar una estrategia para controlar instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana.
Con las tres vinculaciones, los 120 días de instrucción fiscal del caso Liga2, por asociación ilícita, terminarán el 23 de julio próximo.
Arauz, Esther Cuesta y Raúl González fueron vinculados por presunta asociación ilícita y deberán presentarse ante las autoridades competentes.
En este caso, ascienden a siete los procesados por presunta asociación ilícita. Este miércoles se instaló la audiencia de formulación de cargos.
En el caso Liga2 se resuelve la situación jurídica de los tres personajes a quienes la Fiscalía los responsabiliza de presunta asociación ilícita.
Desde esta mañana se realiza la audiencia de formulación de cargos en este proceso en el que se investiga a miembros del movimiento Revolución Ciudadana.
En esta investigación por presunta asociación ilícita, la Fiscalía plantea vincularlos. Esther Cuesta está en Italia y Andrés Arauz en México.
La Fiscalía sostiene que la exasambleísta del correísmo habría participado en una estrategia para beneficiar a Raúl González en la Superintendencia de Bancos.
Durante el debate se explicó que el fuero de corte ya no está vigente sobre la exlegisladora del correísmo.
La Fiscalía pide vincular a tres personas más al caso Liga2, en el que ya son procesados tres exconsejeros y una consejera de Participación Ciudadana.
Fiscalía pide vincular al caso Liga2 a la exlegisladora Esther Cuesta, al excandidato presidencial de la RC Andrés Arauz y a Raúl Carrión.
El fiscal general, Wilson Toainga, es un doctor en Jurisprudencia nacido hace 59 años en Pelileo (Tungurahua) y titulado en la Universidad Central del Ecuador.
La jueza Daniella Camacho aún no fija fecha y hora para la audiencia de vinculación en la que se menciona a Raúl González.
En este caso se investiga un presunto delito de asociación ilícita, por información obtenida de los celulares de Augusto Verduga, exvocal del CPCCS.
Raffo presentó una querella por el presunto delito de calumnia en contra de Yela.
Por el delito de asociación ilícita, desde el 15 de marzo pasado son investigados Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz.
El exconsejero Augusto Verduga mantiene vigente una orden de prisión preventiva en Ecuador, mientras que México lo reconoció como refugiado político.
Juan Esteban Guarderas pretende como reparación material $ 130.400, el equivalente a lo que dejó de percibir como remuneración al ser destituido como consejero.
Casi un mes después de que dejó Ecuador, Augusto Verduga, exconsejero de Participación Ciudadana, presentó una solicitud de refugio a México.
El exconsejero Augusto Verduga solicitó el ingreso en el Programa de Víctimas y Testigos y presentaciones periódicas en la Embajada de Suiza, en México.