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La refinería lleva casi un mes fuera de operación desde la declaración de emergencia por el incendio del 26 de mayo.
En el plan del Gobierno de incorporar 979,5 MW este 2025 se contemplan los 150 MW de Progen.
La ministra Inés Manzano también señaló que uno de los contratos de las barcazas, que venció el 16 de junio, fue renovado.
El gremio sostiene que la medida, sin revisión técnica adecuada, pone en riesgo a los proyectos. La ministra Inés Manzano ratificó que la tasa está en firme.
La ministra Inés Manzano se pronunció sobre el pedido de la Cámara de Minería de suspender por un tiempo la aplicación de la tasa de fiscalización y control.
La primera fase del proceso se concentrará en la pequeña minería no metálica. En próximos días se emitirá la normativa para presentar pedidos de concesiones.
Optimización de embalses y recuperación de termoeléctricas, destacan autoridades, pero para experto, se configura un escenario complejo para solventar demanda.
Para cumplir con ese ofrecimiento, la vocera presidencial anunció que para este 2025 se incorporarán 979,5 MW. Hasta el 2027 el plan es agregar 1.982,5 MW.
En este tiempo no se han concedido nuevas áreas para exploración o explotación. Primera fase de reapertura del catastro es para la pequeña minería no metálica.
El viceministro de Electricidad, Fabián Calero, señaló que este 16 de junio ingresarán al sistema los primeros 30 MW a operar.
La brecha fiscal podría superar los $ 5.000 o $ 6.000 millones en 2025, según estimaciones del Observatorio de Política Fiscal y el Colegio de Economistas.
La empresa canadiense advierte que la tasa pondría en riesgo a toda la industria minera en exploración en el país.
Esas concesiones fueron otorgadas antes del cierre del catastro minero en 2018, explicó el viceministro de Minas.
Leonidas Iza dijo que 20 de las 24 provincias tienen presencia minera y por ello el problema no es solo de los indígenas sino de todo el país.
El funcionario ratificó que no habrá cambios en la decisión de cobrar una tasa de fiscalización a las mineras.
En noviembre del 2023, la Corte Constitucional dio un plazo de un año para que la Asamblea Nacional emita una ley.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado en qué fecha empieza el cobro. El Comité Empresarial propone que la medida aplique de forma gradual.
Es una de las medidas planteadas frente al incremento tarifario para los consumidores de alto voltaje (AV1) y medio voltaje (MV).
Lo recaudado mejorará capacidades de la Agencia de Regulación y Control Minero. Hay 33 técnicos y se necesitan tres veces más para hacer un verdadero control.
Gremio advierte que la medida ahuyentaría las inversiones en el sector, porque en algunos casos el pago de la tasa superaría los presupuestos de operaciones.