La Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio reforma una serie de artículos del Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia, extendiendo los plazos máximos que tiene el sistema judicial para investigar delitos presuntamente cometidos por menores y el tiempo que pueden estar privados de libertad.