Las infracciones de tránsito son una amenaza a la vida y a la buena convivencia. Pese a ello, a diario se observan en el Ecuador, donde la ciudadanía empieza a convertirse en ejecutora de control, más allá de que la obligación es de las agencias de tránsito. Ante las fallas institucionales, la respuesta comunitaria es ejemplar.

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) puso en funcionamiento, en diciembre pasado, la app VIPA, mediante la cual las personas pueden grabar en video a un infractor, el órgano rector analiza el documento y emite la multa que corresponda. De 140.000 reportes ciudadanos recibidos, 96.855 se determinaron como infracciones (para sanción) hasta la fecha, aunque el proceso debe pasar por la posibilidad de impugnación.