Para este miércoles y los siguientes días, las organizaciones sociales preparan nuevas acciones de protesta en contra del gobierno de Daniel Noboa, invocando el derecho a la resistencia en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Líderes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de la Unión General de Trabajadores (UGTE), del Frente Popular y otras hicieron este lunes una evaluación de la manifestación que se desarrolló este domingo, 12 de octubre, en Quito en rechazo a las medidas económicas del régimen.
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, calificó de una “agresión bestial” la que aplicó la Policía y las Fuerzas Armadas para diluir a la protesta que se llevó en el sector de la Villaflora, en el sur, y avanzó hasta el parque El Arbolito, en el norte.
Publicidad
“Esta agresión demuestra la incapacidad de diálogo del Gobierno”, dijo Bedoya, quien añadió que están siendo indagados: “Hay precio por nuestras cabezas. Les pagan a los policías por coger a los dirigentes”.
Bedoya señaló que para este miércoles está prevista la convocatoria a una nueva manifestación en Quito y en otras provincias, aunque no adelantó más detalles.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, añadió que el próximo sábado (18 de octubre) se realizará un congreso nacional en Guayaquil para analizar las acciones a la Ley de Fortalecimiento Crediticio, porque “quieren entregar la cartera” del Banco del Instituto de Seguridad Social (IESS) a la banca privada.
Publicidad
El dirigente lamentó que la administración del presidente Daniel Noboa “no tiene una estrategia de diálogo” con las organizaciones sociales.
Desde la presidencia de la Ceosl, Marcela Arellano anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo 082, que regula la aplicación de la denominada Ley de Fundaciones, porque “quiere eliminar a las organizaciones sociales”.
Publicidad
El presidente de la UGTE, José Villavicencio, añadió que el miércoles será una “gran jornada” de protestas que arrancará con la presentación de demandas de inconstitucionalidad a varios cuerpos legales emitidos por el Gobierno nacional. (I)