México y Colombia comparten una tradición de violencia política. En Colombia, la Guerra de los Mil Días estalló en 1899 y el asesinato de Gaitán (1948) inauguró “La Violencia”. En México, la Revolución de 1911 dio paso a una cruenta lucha de facciones que solo se pacificó con Lázaro Cárdenas (1934). Luego, en ambos países los actores violentos mutaron y hallaron en el narcotráfico su financiamiento, convirtiéndose en los mayores exportadores de drogas de las Américas.
Álvaro Uribe (2002-2010) en Colombia y Felipe Calderón (2006-2012) en México entablaron luchas frontales: el uno contra guerrillas y el otro contra carteles. Uribe tuvo éxito militar contra las FARC, pero los residuos de guerrillas y paramilitares devinieron en narcotraficantes puros. Calderón abatió capos, pero la fragmentación de los grupos desató una violencia sin precedentes.
El politólogo Benjamin Lessing, que estudió ambos procesos y el de Río de Janeiro (2017), observa que los traficantes se asumen “empresarios”, no tienen motivación para iniciar ataques contra los civiles, y por lo tanto Lessing sugiere aligerar la represión estatal al narcotráfico y reservar la fuerza para combatir únicamente a los narcos que incurran en violencia. López Obrador con su “Abrazos, no balazos” y Gustavo Petro con la “Paz total” acogieron esta tesis. Amainó la violencia, y el negocio del narcotráfico prosperó y expandió.
A diferencia de Brasil, el narcotráfico en México y Colombia es de exportación, causando estragos en terceros países. Donald Trump impuso un arancel del 25 % a México por no frenar el fentanilo. Ante la asfixia económica, Claudia Sheinbaum abandonó los “abrazos”: el abatimiento del Mencho, líder del CJNG, desató una nueva ola de fuego en territorio mexicano. En Colombia, Petro ha otorgado santuarios fronterizos. En el nororiente, el ELN maneja la droga en contubernio con el régimen venezolano, aunque tras la captura de Nicolás Maduro por EE. UU., Washington declara ahora a Caracas su socia. Petro, resistiéndose a cambiar de política, entregó a Trump un listado de capos multinacionales, alegando que es a ellos –y no a los cocaleros– a quienes hay que perseguir.
Petro como precio por la paz en las urbes colombianas, extendió carta blanca al narcotráfico por la frontera sur. En el Putumayo se extienden los cultivos de coca que Petro califica de “ancestrales” y se niega a fumigar con glifosato. Ecuador, al intentar reprimir la expansión del narcotráfico a su territorio, se ha vuelto el país más violento de la región.
Noboa busca forzar a Petro a un combate conjunto o por lo menos atraer la presión del presidente estadounidense. Emulando a Trump, impuso una “tasa de seguridad” de 30% para productos colombianos, a la que Petro reciprocó y que Noboa jugando al póker eleva al 50 % a partir de hoy. El impacto es devastador para los negocios que dependen del comercio bilateral; en Colombia podría mermar en algo el apoyo a Iván Cepeda, el candidato oficialista líder en las encuestas. El 7 de agosto de 2026 habrá un nuevo inquilino en el Palacio de Nariño. Si gana el “bukelista” Abelardo de la Espriella, el entendimiento sería inmediato. Incluso con Cepeda, sería la ocasión de “borrón y cuenta nueva”. Agosto 7 sería la fecha de expiración de los aranceles punitivos. (O)
