El anuncio que hizo el presidente de la República, Daniel Noboa, de realizar una nueva consulta popular el domingo 14 de diciembre prende las alertas en sectores clave de la economía, especialmente en el gastronómico y turístico.
Los 1.500 negocios que integran la Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) están preocupados por la noticia. Su director ejecutivo, Diego Vivero, lamenta la “poca importancia” que le está dando el Gobierno a lo que representa el turismo para el sector productivo del Ecuador y considera “inaudito” que un domingo previo a los festejos navideños y de fin de año, incluso de las fiestas de Quito, se vea interrumpido por una ley seca.
“Hay muchos eventos corporativos que requieren de brindis. Desde hace años venimos insistiendo en que es absurdo tener 72 horas de ley seca”.
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Lamenta que el Gobierno no ha dado el paso de eliminar la ley seca o por lo menos acortar los tiempos de la medida, como se sugirió en la Ley para el fortalecimiento de las áreas protegidas que buscaba que se redujeran de 36 a 12 horas el tiempo de la conocida ley seca, que se aplica en las elecciones.
Ese cambio se incluyó en el artículo 123 del Código de la Democracia como primera disposición reformatoria en el proyecto de ley, pero fue eliminado a último momento por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional antes de la aprobación del informe del primer debate, el 29 de junio pasado.
En el proyecto se indicaba que durante el día de las elecciones, doce horas antes y seis después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas”. La norma quedó como estaba antes, es decir, con la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas 36 horas antes y doce horas después de la jornada electoral.
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Pérdidas por ley seca representan el 20 % de ventas de un mes
Vivero calcula que las pérdidas por un fin de semana de ley seca ascienden al 20 % de las ventas totales del mes. “Imagínese eso en un mes tan importante como diciembre, en una fecha tan importante como un domingo 14 de diciembre”.
De acuerdo con cifras expuestas por la Asociación de Cervecerías del Ecuador (Asocerv), en abril pasado, cada ley seca cuesta $ 15 millones en pérdidas al sector. En los últimos cinco años se han registrado 24 días de paralización, ocasionando pérdidas acumuladas por más de $ 112 millones para la economía ecuatoriana.
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El director ejecutivo de Corec añade que diciembre es un mes en el que el sector incorpora a mucha fuerza laboral eventual, lo que también se vería afectado: “Son cientos de oportunidades de trabajo que se pierden por esta absurda decisión de poner una consulta en estas fechas festivas”.
Para Holbach Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador y de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, las pérdidas del sector podrían llegar hasta el 25 %, aunque asegura que el objetivo de los gremios no es polemizar con el Gobierno, sino analizar la reactivación económica de todos los sectores afectados.
Asegura que una ley seca en diciembre abona a un clima adverso para los negocios que se suma a la inestabilidad que de por sí se vive antes, durante y después de un proceso electoral, por el movimiento de personas de unas ciudades o provincias a otras para sufragar.
Y que aunque las cifras del sector del turismo hayan crecido, no han llegado aún a las del 2019, antes de la pandemia, y una ley seca en diciembre afectará al sector en el pago de las obligaciones que cada empresa tiene. “En el mundo, otros países, ya se ha superado esa cifra (del 2019), pero acá por diferentes razones, que no tienen que ver con este Gobierno, como la delincuencia y algunos otros factores, son las que nos han frenado poder llegar a esa cifra”.
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De acuerdo con cifras compartidas por Muñeton, en el primer trimestre del 2019 el sector de servicios percibió ingresos por $ 521 millones, mientras que en 2025 alcanzaron $ 456 millones.
Corec y los representantes de los diferentes gremios de restaurantes y del turismo remitieron el 21 de julio una carta al presidente Noboa, anticipándose al anuncio de la fecha de la consulta popular, que hasta ese momento se preveía para entre noviembre y diciembre, y al impacto que provocaría al sector.
“La aplicación de la ley seca durante esta época implicaría un impacto económico considerable tanto para los establecimientos formales como para miles de trabajadores permanentes o eventuales que, de forma directa o indirecta, dependen de esta actividad”, indica la carta en donde se solicitó al mandatario que se revise otra fecha para el referéndum anunciado.
Vivero asegura que también llevan casi un mes solicitando una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para tratar sobre la reducción de las horas de la ley seca, pero tampoco han obtenido resultados.
“La respuesta del Gobierno ha sido todo lo contrario, insistir en una consulta popular en diciembre. Entendemos que el Gobierno está preocupado por el tema, de las horas de la ley seca y todo, pero de nada nos sirve su preocupación si por el otro lado nos clavan una fecha que para nuestro sector es muy importante”, lamenta.
Vivero asegura que esta tarde fue contactado por el Gobierno para pedir respaldo a la fecha de la consulta. “Les hemos indicado que no podemos hacer nada con el hecho de que es un fin de semana muy importante para el sector y para el empleo y que esperamos, por el contrario, que el Gobierno nos respalde y revea la fecha”.
Corec agrupa a la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest), Asociación de Restaurantes de Cuenca (AREC), Asocerv, Ibarra Turismo Gastronómico (ITG) y Buró Centro Histórico de Quito, una organización de derecho privado que gestiona y ejecuta programas y proyectos para el desarrollo del centro histórico de Quito, como un destino turístico y cultural. (I)
