El Gobierno de Daniel Noboa anunció este lunes, 2 de junio del 2025, la creación, por primera vez, de una tasa de fiscalización para las empresas mineras.
A través de ella se busca financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros, explicó la nueva portavoz del régimen, María Carolina Jaramillo, quien se estrenó esta mañana en el cargo.
“La lucha contra la extracción antitécnica e ilegal debe ser sostenible”, dijo la funcionaria.
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La mencionada tasa aplicará para la pequeña, mediana y gran minería, y régimen general.
Y se prevé que represente un ingreso de $ 229 millones anuales, el cual se destinará a fortalecer el control y la vigilancia.
Jaramillo indicó que el combate a la ilegalidad es una prioridad y que esta decisión aúna esfuerzos del sector privado y del Gobierno para impedir que el “territorio sea tomado por las mafias y se pierdan valiosos recursos que deben estar al servicio de las familias ecuatorianas”.
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Aclaró que la minería artesanal estará exenta de esta tasa.
El porcentaje de la tasa dependerá del tipo y tamaño de la empresa.
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La institución responsable de estas definiciones será la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Jaramillo indicó, asimismo, que el presidente Noboa ratificó su decisión de abrir el catastro minero luego de siete años y cuatro meses de su cierre (2018).
Explicó que la apertura del catastro se hará por fases.
La primera se inicia el 16 de junio y contempla a la pequeña minería no metálica; en un segundo momento, en septiembre, se abrirá para la pequeña minería metálica y, para finales de este año, el catastro estará completamente abierto para todos los regímenes.
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La portavoz dijo que esta es una decisión que va de la mano de la lucha contra la extracción antitécnica e ilegal y, sobre todo, responsable con el ambiente. “Sin información robusta no se puede ejercer control y regulación eficientes”, indicó. (I)
