Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía ecuatoriana muestra un sólido desempeño. Sin embargo, el organismo advierte que el país enfrenta una serie de riesgos que, si bien han disminuido en relación con la tercera revisión, tienden a la baja.

En el informe sobre la cuarta revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con Ecuador, publicado el 18 de diciembre, el multilateral destaca que el programa por $ 5.000 millones —vigente desde mayo de 2024— avanza de manera favorable gracias al cumplimiento de metas y al progreso de reformas estructurales. Como resultado, el país recibirá un nuevo desembolso por $ 630 millones.

La economía ecuatoriana se encuentra en proceso de recuperación, con baja inflación, superávits externos, acumulación de reservas internacionales y la reducción de los diferenciales soberanos. No obstante, los riesgos podrían afectar el ajuste fiscal, la liquidez y la sostenibilidad de la deuda.

Publicidad

Precios del petróleo más bajos, déficits en la financiación externa, problemas de seguridad y fragmentación política que ralentiza las reformas son los principales riesgos a la baja identificados por el FMI.

El informe señala que estos factores se pueden mitigar por las medidas de política adoptadas por las autoridades y su firme compromiso con las reformas y el cumplimiento del programa.

La volatilidad de los precios del crudo afectaría los ingresos petroleros del sector fiscal y, en consecuencia, la balanza de pagos.

Publicidad

El Fondo advierte que los cambios en la oferta y la demanda, impulsados por las tensiones y los conflictos geopolíticos, las medidas de la OPEP+ o la transición ecológica pueden intensificar las fluctuaciones de los precios de las materias primas, lo que aumentaría las presiones externas y fiscales, el malestar social y la inestabilidad macroeconómica.

La incertidumbre sobre los precios del petróleo afectará a la inversión y a la actividad económica.

Publicidad

Este contexto resulta particularmente adverso si se considera que el crudo ecuatoriano se cotizaba por debajo de los $ 55 por barril en el momento de la cuarta revisión.

Además, a nivel interno, podrían registrarse nuevas interrupciones inesperadas y de gran magnitud en la producción de petróleo debido a desastres naturales y a la falta de mantenimiento de la infraestructura.

Por otro lado, un deterioro de las condiciones financieras internacionales podría afectar el acceso a financiamiento externo y retrasar el retorno del país a los mercados de capitales.

En materia de seguridad, se reduciría la actividad interna, el turismo y los ingresos fiscales, y disuadiría la inversión a largo plazo, apunta el organismo.

Publicidad

En ese contexto, el informe señala que, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, las autoridades están preparando y publicarán un Plan de Acción Estratégico que delineará medidas a corto plazo para mitigar riesgos asociados a actividades delictivas organizadas, en particular el tráfico de drogas, el contrabando y la minería ilegal, así como la evasión fiscal y el uso indebido de canales financieros y no financieros para el blanqueo de capitales y la corrupción.

Dicho plan constituirá un primer paso relevante, mientras se avanza en la construcción de un enfoque integral de todo el Gobierno para combatir los ingresos del crimen organizado.

La fragmentación política podría ralentizar la implementación de las reformas impulsadas por el Gobierno, debido al debilitamiento del apoyo político y público.

Para mitigar este riesgo, se sugiere diseñar las reformas de manera que el ajuste fiscal no perjudique a los grupos vulnerables, involucrar al público mediante una adecuada comunicación de los beneficios del programa y priorizar el gasto social para lograr un crecimiento más inclusivo y con mayor generación de empleo, observa el informe.

Ecuador ha superado con éxito las cuatro revisiones del programa de financiamiento con el FMI. Con el nuevo desembolso, el país habrá recibido un total de $ 3.300 millones, de los $ 5.000 millones están previstos en el acuerdo SAF, cuya vigencia se extiende hasta 2028. (I)