La Ley Orgánica de Integridad Pública, que entró en vigencia en junio de 2025, dispuso un proceso de remisión tributaria de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, con la decisión de la Corte Constitucional (CC) de declarar inconstitucional la ley, surgen inquietudes sobre lo que pasará con el proceso y las personas que ya se acogieron a él.