La brutal agresión que propinó una alumna a una compañera en el parque de Itchimbía, en Quito, ha conmocionado.
El asunto incluso genera inquietud en la Asamblea que está buscando abordar este caso.
La agresión se cometió el 20 de junio, pero en las últimas horas se viralizó el video.
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Si bien esta riña ha captado la atención al viralizarse un video, hay quienes dicen que estos casos se reproducen de manera constante.
Las agresiones de estudiantes de colegio no son algo nuevo, según organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, gremios de docentes y moradores cercanos a unidades educativas.
Fernando Fernández, usuario de redes sociales, indicó que en el sur de la capital, en un colegio fiscal, a diario hay peleas de estudiantes, batallas campales. Posteó fotos y videos de hechos supuestamente similares.
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Según la Unión Nacional de Educadores (UNE) por el sector del Itchimbía, en el centro de la ciudad, se han producido seis casos de peleas en los últimos dos meses.
Cercano a ese espacio público hay entidades educativas públicas y privadas.
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Andrés Quishpe, presidente del gremio, mencionó que en febrero de 2024 un estudiante fue apuñalado, en mayo de 2025 a otro alumno, en medio de un riña, se le encontró un arma de fuego.
Para él, los planes de seguridad no pueden estar enfocados solo a las puertas de los planteles, sino a lo que llamó espacios educativos en referencia a acciones fuera de las aulas que deben tener la presencia policial e identificar a quienes provoquen actos de violencia, pues habría personas, mayores de edad, que no son alumnos, quienes avivan estas acciones.
Para evitar hechos similares, recomendó que haya una escuela para padres, pues las familias deben ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se aborden esos temas en la aulas.
También retomar actividades extracurriculares que había en los planteles educativos con clubes que permitían enfrentar el tiempo libre para lo que se necesitan profesionales.
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A su criterio tampoco hay articulación para la seguridad entre gobiernos locales y nacionales, pues en ese parque está la matriz central del ECU911.
Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar, una fundación dedicada a la prevención y atención de violencia en contra de niños y adolescentes, sostuvo que son hechos recurrentes como golpizas, dentro y fuera del colegio, con uniforme, que no son prevenidos y no hay una respuesta contundente.
Para Martínez, hay que implementar sistemas o mecanismos de prevención, atención y reparación de la violencia escolar en todas sus formas y manifestaciones que no se aplican.
Eso, agregó, incluye capacitación, trabajos de sensibilización con adolescentes, levantar datos respecto a la violencia en la comunidad educativa.
Santiago Becdach, abogado, ofreció sus servicios legales a la víctima sin costo, pues señaló que hay varios aspectos a tomar en cuenta.
Mencionó que el hecho sucedió en un espacio público, en el que tiene administración el Municipio capitalino y no se sabe si hay uso o abuso del parque.
Agregó que debe determinarse la presencia de mayores de edad debido a que podría haber un caso de complicidad e incluso una influencia en favor de la agresora y podría estar relacionado a un hecho punible.
Además dependerá de las acciones legales de la familia de la víctima por lesiones o gastos o por la misma acción de agresión como adolescente infractor.
La Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación informó que se activaron de inmediato las rutas y los protocolos de actuación establecidos, que incluyeron la aplicación de medidas de protección con la separación de la presunta agresora.
La separación se refiere a que seguirá clases desde su domicilio.
Martínez sostuvo que hay una adolescente afectada y un grupo de chicos con los que hay que trabajar para cambiar ciertos patrones de comportamiento más allá de esas rutas y protocolos anunciados.
Hubo además reuniones con los padres y madres de familia de las estudiantes afectadas, indicó la subsecretaría.
Se hizo acompañamiento y contención emocional, brindados tanto a las alumnas como a sus familias.
Además, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades competentes de la Función Judicial.
También para Martínez hay que analizar la situación del colegio, si había actos reiterativos de maltrato, de violencia, de acoso.
Patricio Moreno, subsecretario de Educación de Quito, expresó que se verifica si las autoridades del establecimiento aplicaron los procedimientos y actuaron.
Si bien Martínez indicó que los menores de edad tienen un tratamiento especial no quiere decir que no puedan ser investigados o poner una denuncia en su contra o recibir sanciones. (I)
