¿Se puede revocar un indulto presidencial?, abogados exponen argumentos ante presuntas irregularidades en el otorgamiento de este beneficio

El caso de Bryan Vicente A. A., alias Momo , quien aparece mencionado en el expediente del caso Las Malvinas, ha puesto sobre el tapete el otorgamiento de indultos presidenciales. Momo salió libre en diciembre de 2024 tras interponer una solicitud amparada en el Decreto Ejecutivo 265, que otorgaba indultos presidenciales a reos con enfermedades catastróficas o terminales, y a aquellos que padezcan tuberculosis multidrogorresistente y coinfección TB-VIH.El recluso adujo que era portador del VIH. Él había sido condenado a cinco años de prisión por delincuencia organizada.Las condiciones para indultos no aplicaban para este tipo de delitos. El artículo 3 del decreto excluía de este beneficio a reos vinculados a delitos imprescriptibles, como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, delincuencia organizada y otros.En días pasados, la Fiscalía realizó varios allanamientos para recabar indicios sobre la presunta participación de autores y colaboradores en el otorgamiento irregular del indulto de alias Momo . El juez de Garantías Penitenciarias Jorge Enrique A. es investigado por prevaricato. Él fue quien le otorgó el indulto a este reo.Ante este caso y otros posibles que habrían beneficiado a reos de manera irregular, especialistas explican si es posible revertir el indulto otorgado a un privado de libertad.La abogada María Isabel Alcívar señala que efectivamente los indultos se pueden revertir, ya que al revisar y detectar presuntas irregularidades es suficiente argumento para que el proceso regrese tal y como estaba.“Por ejemplo, si estoy detenida y me dejan salir y ya después detectan que algo no estuvo bien o que mentí, se retoma el proceso y me siguen uno nuevo por falsificación de documentos, en el caso de que se sospeche y confirme que mentí en algo. En esos procesos incluso todos son investigados: abogados, médicos, jueces; todos los que fueron parte en certificar o ayudar al reo a acogerse al beneficio”, expresó.El presidente Daniel Noboa firmó recientemente el Decreto Ejecutivo 511, mediante el cual derogó varios decretos que permitían otorgar indultos presidenciales a personas privadas de libertad (PPL) que cumplían con ciertos requisitos.El Decreto 511 deja sin efecto los decretos 264, 265, 355, 816 y 949, emitidos entre 2021 y 2023, durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.Estos decretos otorgaban indultos a personas privadas de libertad (PPL) que cumplían ciertos requisitos específicos, como enfermedades graves o penas ejecutoriadas relacionadas con delitos menores, como robo y hurto, o contravenciones de tránsito.El documento sostuvo que los reos que ya se beneficiaron de los indultos emitidos por los decretos ahora derogados mantendrán esos beneficios, siempre que hayan cumplido los requisitos en el momento de la expedición de dichos decretos.El abogado David Villacís, experto en derecho constitucional y administrativo, dijo que jurídicamente no ha pasado nada; lo que ha hecho el presidente es eliminar el decreto y enviar los casos a revisión uno por uno.“Otra cosa sería que revoque el decreto y les diga a los señores que emitan orden de captura (a todos) para que paguen las penas. Eso no se ha hecho, se ha individualizado cada uno por este tema de alias Momo ”, detalló.Dijo que la forma en cómo se haga la revisión de los casos no afectaría siempre y cuando no se emita orden de captura para todos los que se acogieron al indulto, ya que no se puede aplicar la regresividad de los derechos ya consolidados, en palabras de la Corte Constitucional.Para el abogado Erwin España, si se demuestra que existió falsificación de documentos o que se mintió en el proceso, el reo debe cumplir con la pena impuesta y se puede revocar el indulto; además se abre una causa por falsificación de documentos en la que se investiga a todos los que fueron parte del proceso.España dice que los jueces deberían empaparse antes de otorgar indultos y usar las herramientas tecnológicas que poseen para verificar en el sistema el historial del detenido. Asimismo, si un médico da un certificado, debería ir a sustentar en el juzgado la enfermedad que él está avalando.“Le pongo un ejemplo: yo tuve un caso donde una chica acusada de asesinato se estaba acogiendo a un beneficio argumentando que padecía una enfermedad y que iba a ser operada de la columna. Ella alegaba que en la cárcel no hay médico, no hay camas adecuadas para seguir el tratamiento. Entonces se quiso acoger al beneficio, pero en audiencia se demostró que no era urgente y el juez se lo negó. Ella salió, pero regresó a la cárcel”, expresó. (I)

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