Alias ‘Diablo’ pretendió hacerse del control de la Corte Nacional, asegura la Fiscalía en su alegato de inicio en el caso Pantalla

Seis hipótesis dijo el fiscal general encargado, Wilson Toainga, que probará contra el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, en la audiencia de juzgamiento contra el extitular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, quien es acusado en el caso Pantalla de ser el autor del delito de asociación ilícita.

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hace 4 meses

La mañana de este jueves, 3 de julio, los jueces Vinicio Rodríguez (ponente), Javier de la Cadena y Rodrigo Sarango, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instalaron la audiencia con la que se dio inicio a la fase de juzgamiento en una causa en la que se acusa a Terán y otros procesados de ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en el CJ con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes, en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la Corte Nacional, iniciado en junio de 2023.

“Con la teoría fáctica y probatoria que mantiene la Fiscalía, al cierre de esta audiencia se establecerá con suficiencia técnica que Wilman Terán, desde su cargo dentro de la administración de justicia, mediante una acción ilícita con varias personas, pretendió hacerse del control del máximo organismo de justicia ordinaria del país. Por ello, la Fiscalía lo acusa como autor del delito de asociación ilícita, definido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal”, explicó Toainga en su alegato de inicio.

A decir del fiscal que reemplazó a Diana Salazar, quien renunció a su cargo prorrogado, una de las deudas más importantes que ha mantenido como sociedad el Ecuador es la condición de tener un sistema de justicia independiente, tarea que, dijo, comprende la conjugación de las mejores voluntades, pero que los intereses particulares a lo largo de los años de la República han pesado una y otra vez más que el interés común.

Reconoció en su “alegato de apertura” que el control y dominio de la justicia de un Estado siempre va a ser un botín deseado por poderes políticos, criminales y económicos, que, desde su perspectiva, ven en el imperio de administrar justicia una herramienta todopoderosa para captar más poder y expandir sus economías sin tener consecuencias de que preocuparse.

“Precisamente los intereses de ejercer la nobleza que persigue la justicia en una sociedad civilizada se convierte en atractiva para personas carentes de ética que, sin remordimiento alguno, pretenden manipular las estructuras criminales. Esta dinámica, lejos de desaparecer, se ha enquistado cada vez más en las autoridades que han ocupado los altos cargos de la administración e incluso han comenzado a tomar tintes de normalización. Tanto es así que el ahora procesado, Wilman Terán, ha expresado su derecho de controlar la Corte Nacional de Justicia bajo la premisa de que si (Gustavo) Jalkh pudo, por qué yo no”, anotó el fiscal general en su exposición.

Para Wilson Toainga, justamente esta forma de dirigir el órgano del gobierno de la Función Judicial llevó a procesar a Wilman Terán, quien, resaltó, se asoció ilícitamente con los procesados Anabell de Jesús T. C. y los ya sentenciados por procedimiento abreviado Milton Herrera, Santiago Cifuentes y David Guzmán, con la finalidad de cometer delitos como tráfico de influencias dentro del concurso de jueces del máximo órgano de justicia ordinario del país, llevado en el año 2023.

Las hipótesis que probará la Fiscalía en el caso Pantalla:

1.- Que el 13 de febrero del 2023 Wilman Gabriel Terán Carrillo fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura.

2.- Que ese mismo año el CJ emitió la convocatoria para el concurso público de mérito y oposición de jueces y jueces nacionales para la Corte Nacional de Justicia.

3.- Que a raíz de este concurso, el procesado Wilman Terán se asoció con los ya ahora sentenciados Milton Herrera, Santiago Cifuentes y David Guzmán para asegurar que la procesada Anabell de Jesús T. C. sea destinada como jueza de la CNJ.

4.- Que en consonancia con dichas pretensiones de Wilman Terán, presidente del CJ, diligenció con el sentenciado David Guzmán para que dentro del concurso referido se realice un segundo examen de confianza a quienes no superaron el puntaje en el primero.

5.- Que Wilman Terán, como presidente del CJ, diligenció con los ya sentenciados Milton Herrera y Santiago Cifuentes la obtención del banco de preguntas de las pruebas del concurso para beneficiar así a la procesada Anabell de Jesús T. C.

6.- Probará que Wilman Terán, como presidente del CJ, diligenció con Santiago Cifuentes la realización del examen escrito de la postulante Anabell de Jesús T. C.

La posición de la Procuraduría:

Por su parte, Lorena Tirira, de la Procuraduría General del Estado (PGE), una de las dos instituciones que actúan como acusadoras particulares, refirió en su alegato de inicio que el presente caso involucra una grave afectación al sistema de justicia ecuatoriano, específicamente en el proceso de selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional del año 2023.

“Este caso destapa una red de corrupción integrada por Wilman Terán, quien desde su posición como presidente del CJ, designado el 30 de febrero de 2023, se asoció de forma ilícita con la procesada Anabell de Jesús T. C. y los ya sentenciados David Guzmán, Santiago Cifuentes y Mauricio Herrera, con el propósito de manipular el sistema de justicia en beneficio propio y de terceros”, sostuvo la representante de la PGE.

Tirira señaló que como acusación particular demostrará que el procesado Wilman Terán, actuando en concierto con los sentenciados en esta causa y con la procesada Anabell de Jesús T. C., ejecutaron una serie de actos ilícitos con objetivos como incidir en el resultado del proceso de elección y designación de jueces y conjueces de la CNJ, con la finalidad de captar la mayor cantidad de personas afines a sus intereses; beneficiar a la procesada Anabell T., asegurándole vacantes en el concurso de renovación parcial de jueces de la Corte Nacional del año 2023; y controlar la administración de justicia garantizando que los jueces designados sigan directrices y paguen favores bajo las órdenes de Wilman Terán, comprometiéndose así la independencia judicial. (I)