Asamblea Nacional cierra el año con trámite legislativo y deja pendiente fiscalización a Progen y al sector de la salud

Esta será la última semana de labores de la Asamblea Nacional en 2025, porque a partir del 22 de diciembre se acogerá a un receso legislativo de quince días, pero dejará varios pendientes en materia legislativa y de fiscalización.En esta semana habrá dos sesiones plenarias, el martes y el miércoles, donde se incluye el trámite de leyes relacionadas con seguridad y deportes, así como la Ley de Repetición. En tanto, en materia de fiscalización, el pleno no conocerá las conclusiones de la investigación que se inició hace seis meses por la Comisión de Participación Ciudadana sobre los contratos de Progen. La presidenta de la mesa, Diana Jácome (ADN), anunció que esta semana la comisión aprobaría el informe, pero el pleno conocería este documento en 2026. Tampoco se tratará el informe respecto a la crisis en el sector de la salud y desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. La investigación la lleva adelante la Comisión de Salud, controlada por el oficialismo, y los informes aún están lejos de salir.Antes de bajar el telón de 2025, la Asamblea celebrará dos sesiones plenarias, previstas para el martes y el miércoles de esta semana. En ellas se concentrarán algunos de los proyectos más relevantes del actual periodo en un intento por cerrar el año con avances normativos significativos, aunque no suficientes para agotar una agenda marcada por la urgencia en materia de seguridad, salud, derechos y control estatal.En la última semana de actividades legislativas, la bancada oficialista de ADN busca aprobar el Tratado sobre el Comercio de Armas, un instrumento internacional cuya finalidad es prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas y evitar su desvío hacia actividades criminales. Este acuerdo busca establecer normas internacionales comunes para regular el comercio de armas convencionales y reducir el riesgo de que sean utilizadas para violar derechos humanos o cometer crímenes graves, incluidas infracciones al derecho internacional humanitario.Para el Ecuador, la ratificación de este instrumento implica un compromiso de largo alcance. El Estado deberá ajustar y fortalecer su marco normativo vigente, principalmente la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. El objetivo es armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales y reforzar los controles frente al tráfico ilegal que alimenta a las economías criminales.Otro de los puntos de la agenda legislativa de esta semana es el primer debate del proyecto de ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. La iniciativa se enmarca en la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, aprobada en el referéndum del 21 de abril de 2024.La propuesta normativa busca habilitar de manera más clara y permanente la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a delitos como el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación, delincuencia organizada y situaciones de grave conmoción interna en el sistema penitenciario. Todo ello sin necesidad de recurrir de forma reiterada a la figura del estado de excepción.El informe para primer debate reconoce que Ecuador enfrenta una situación de violencia estructural vinculada a economías criminales y organizaciones transnacionales, cuya magnitud ha superado las capacidades operativas de la Policía Nacional. En ese contexto, se advierte que el uso frecuente del estado de excepción como mecanismo para habilitar el apoyo militar ha generado cuestionamientos de constitucionalidad, tensiones entre funciones del Estado y riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales.La sesión plenaria del martes contempla el segundo debate del proyecto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. La iniciativa plantea la consolidación de un sistema nacional del deporte más articulado, eficiente y transparente, con una definición más clara de las competencias del ente rector y de los organismos deportivos.El proyecto incorpora principios como la inclusión social, la equidad de género, la accesibilidad y la interculturalidad como ejes del desarrollo deportivo. Además, introduce innovaciones normativas, entre ellas la regulación de los deportes electrónicos o e-sports , la optimización de los procesos de intervención estatal, el fortalecimiento del régimen disciplinario y mayores exigencias de transparencia financiera.Antes de iniciarse el receso, la administración legislativa presidida por Niels Olsen busca tramitar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Se trata de una iniciativa cuyo informe está listo desde febrero de 2022 y que fue presentada por el ahora exprocurador general del Estado Íñigo Salvador.El proyecto propone la creación de un cuerpo normativo que permita al Estado recuperar los valores que ha debido pagar para subsanar o reparar daños derivados de acciones u omisiones de sus servidores o exservidores. La bancada oficialista ha impulsado su tratamiento luego que el gobierno de Daniel Noboa lograra reducir en un 93,4 % el monto global de la indemnización que Ecuador debía pagar a la petrolera Chevron.Tras los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado, el tribunal arbitral fijó una indemnización de 220 millones de dólares, frente a los 3.350 millones de dólares inicialmente reclamados. Para el oficialismo, este antecedente refuerza la necesidad de contar con una ley que permita repetir contra los responsables de perjuicios económicos al Estado.La legislatura presidida por Niels Olsen dejará varios temas pendientes, entre ellos el segundo debate del proyecto que reforma diversas leyes para el fortalecimiento del trabajo en los sectores público y privado, así como de las organizaciones sindicales. Esta iniciativa recoge varios artículos de proyectos que anteriormente fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.Asimismo, una vez que se retomen las actividades legislativas, los asambleístas deberán conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto al proyecto de enmienda constitucional planteado por el movimiento ADN que propone excluir a las personas privadas de la libertad de la lista de grupos vulnerables.En materia de fiscalización quedan pendientes los informes sobre el caso Progen y la investigación relacionada con la crisis hospitalaria y el desabastecimiento de medicamentos, temas que han generado preocupación social y reclamos de mayor control político. Respecto al caso Progen , la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por la oficialista Diana Jácome, investiga el pago de parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a la empresa estadounidense Progen de $ 69′580.000 por los generadores del proyecto termoeléctrico El Salitral, pese a inconsistencias. La Contraloría detectó varias deficiencias incluso en la fase preparatoria del concurso y gestiones antes de la declaratoria de emergencia en los procesos de contratación de los proyectos El Salitral, de 100 megavatios (MW), y Quevedo, de 50 MW.También hay otro informe sobre un contrato de compra de generadores para instalarse en Catamayo, Loja, que fue adjudicado el 26 de julio de 2024 a la empresa estadounidense Progen por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Earssa). Sobre estos casos aún no existe un informe desde la legislatura que determine responsabilidades políticas. En torno a la fiscalización sobre el sector de la salud, el presidente de la mesa, Juan José Reyes (ADN), señaló que desde el 17 de junio de 2025 tiene la prelación de investigar el caso, se ha solicitado información al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y se han obtenido las respuestas.Asegura que hay avances “en el proceso de provisión de medicamentos, que está coordinado con el Comité Nacional de Salud y es una provisión de medicamentos a nivel nacional, remoción en el sistema de salud de médicos y enfermeros que de manera arbitraria han escondido medicamentos a la ciudadanía; y además se ha podido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibir un desembolso de $ 250 millones, lo cual será para la utilización del sistema de salud integral del país”. (I)

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