Abrazos, llantos, felicitaciones y agradecimientos a Dios fueron el corolario de casi cinco horas de una reinstalación de audiencia de juzgamiento que terminó, la tarde de este lunes 22 de septiembre, con la ratificación del estado de inocencia de los catorce procesados en el caso Pruebas PCR, exfuncionarios públicos municipales y un empresario, a quienes se les inició un proceso penal por el delito de peculado, en noviembre de 2020, por supuestas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 que realizó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Media hora antes de que concluyera la lectura de la resolución a la que llegó de forma unánime el Tribunal de Juzgamiento de la Corte de Justicia de Pichincha, el exalcalde de Quito Jorge Yunda, quien fue acusado por la Fiscalía como autor del delito de peculado y se pedían diez años de cárcel, se levantó de la sala y dejó el edificio de la Corte, en el norte de Quito. Salió como entró: solo y caminando. Se subió al carro que lo esperaba y se retiró sin dar declaraciones.

Esa salida coincidía con momentos en los que el presidente del Tribunal, José Jiménez, llevaba un buen rato fundamentando una resolución en la que aseguraba que los funcionarios públicos no habían ejecutado ningún acto con dolo, que la Fiscalía no había probado que los procesados habían tenido participación en el delito investigado y le llamaba la atención a la Fiscalía por haber realizado una investigación deficiente, en la que se presentó información superficial y testigos que no aportaron a encontrar la verdad de los hechos.

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Mayra Soria era la fiscal provincial que estuvo sentada escuchando una sentencia que llegó 469 días después de que los jueces suspendieron la audiencia de juicio para deliberar la resolución a tomar. Ella finalmente fue la cuarta fiscal provincial de Pichincha que intervino en el caso. La instrucción fiscal se dio con el fiscal Alberto Santillán, luego el caso quedó en manos de Ruth Amoroso, la segunda audiencia de juicio estuvo a cargo del fiscal Hernán Flores Pesantes y Soria solo estuvo representando a la Fiscalía para la lectura de la resolución.

Marcelo Icaza, abogado de Jorge Yunda, quien fue cesado como alcalde de Quito, dijo que recibían con felicidad la ratificación del estado de inocencia, pues se hizo justicia. Coincidió con el criterio expuesto por el Tribunal de Juicio respecto a que todas las acciones que fueron juzgadas en este proceso penal tuvieron el único objetivo de salvar vidas.

QUITO (22-09-2025).- Final de la audiencia de lectura de sentencia del caso Pruebas PCR, en la que está involucrado Jorge Yunda, exalcalde de Quito, en la Corte Provincial de Pichincha. Santiago Molina/ EL UNIVERSO. Foto: Santiago MOlina

“Efectivamente, eso quita cualquier intención de perjudicar al Estado o cualquier intención de cometer un delito de peculado. Ha brillado este argumento y estamos tranquilos. Se ha demostrado que esto pasa cuando se judicializa la política. Concluimos que todos estos caprichos políticos lo único que hacen es llevar a cabo este tipo de procesos. Son cuatro años y medio en los que las personas han estado en completa incertidumbre. Desde un inicio, 100 % todo fue político”, anotó Icaza.

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Para Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del cabildo quiteño, este caso es la victoria de la ciencia sobre la persecución. Afirma que toma con alegría la decisión judicial, pero eso no le hace olvidar que aunque ha sido inocente, vía medidas cautelares, fue condenada a no salir del país por más de cuatro años, presentarse dos veces por semana ante la autoridad competente y a más de dos años usar un grillete electrónico.

“Me da mucho gusto que se pueda sentar un precedente para que quienes hacen ciencia podamos colaborar en el sector público sin el miedo de que vamos a ser criminalizados por hacer nuestro trabajo técnico”, indicó Guamán.

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María del Mar Gallegos, abogada de la excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud declarada inocente, cree que hay que resaltar el llamado de atención hecho por el Tribunal de Juicio a las prácticas realizadas por la Fiscalía, es decir, perseguir a personas sin ninguna prueba válida, sólida, “sin expertos” que respalden lo que ha dicho la Fiscalía.

“Jurídicamente lo que hay que esperar es si la Fiscalía apela o no la decisión de primera instancia. Todo el mundo tiene derecho a impugnar la sentencia, pero después de este llamado de atención del Tribunal, espero que la Fiscalía no lo haga, porque sería un absurdo, una vergüenza y un desgaste para el sistema de justicia”, aclaró.

La exsecretaria de Salud del Municipio de Quito Ximena Abarca sostiene que en ningún momento dudó de su inocencia ni de la inocencia de quienes hicieron parte de su equipo y finalmente fueron expuestos a casi cinco años de un desgastante proceso penal. Pese al procesamiento penal y a lo vivido estos más de cuatro años, ella dice que no se arrepiente de haber intervenido y aportado en la función pública.

QUITO (22-09-2025).- José Jiménez, juez, durante la audiencia de lectura de sentencia del caso Pruebas PCR, en contra de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, en la Corte Provincial de Pichincha. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

“Lastimosamente este proceso se ha transformado en un caso emblemático de la utilización de la justicia con fines políticos. Sobre eso creo que es necesario reflexionar. No es posible que la justicia sea usada con fines políticos contra nadie y peor en este caso que fue contra el alcalde Jorge Yunda para destituirlo y hacer, de paso, daño a tanta gente que trabajamos con todo conocimiento científico y compromiso en favor de la salud de la ciudadanía”, agregó Abarca, al tiempo que reflexiona que ve con asombro toda esta deficiencia de los actores políticos de no poder resolver las cosas en el plano de las ideas y discusión y tienen que recurrir a artimañas como los juicios para poder resolver problemas políticos.

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No se conoce aún si la Fiscalía apelará la decisión de primera instancia. (I)