El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó este lunes, 27 de octubre, la Mesa Nacional de Seguridad del referéndum y consulta popular de 2025, durante un evento desarrollado en las instalaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU911, en Quito.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto con el vicepresidente Enrique Pita García y el consejero José Cabrera Zurita, destacó la importancia de la articulación de más de veinte instituciones del Estado para garantizar el desarrollo exitoso de los próximos comicios.

“Esta actividad es un hito técnico y humano que exige coordinación, experiencia y rigurosidad”, subrayó Atamaint.

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Por su parte, el director general del ECU911, Juan Carlos Paladines, señaló que estará operativo todo el contingente institucional y reafirmó el compromiso de trabajar de forma conjunta para asegurar la integridad y transparencia del proceso electoral.

La Mesa Nacional de Seguridad Electoral está conformada por las principales instituciones de respuesta del país, entre ellas entidades de seguridad nacional, gestión de riesgos, monitoreo de eventos adversos, salud, educación y justicia, que coordinarán acciones preventivas y operativas antes, durante y después de la jornada electoral.

El referéndum y consulta popular de 2025 se realizará el próximo 16 de noviembre, fecha en la que 13′938.724 electores están convocados a pronunciarse sobre cuatro preguntas propuestas por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

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De estas, tres buscan reformar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, eliminar la asignación de recursos estatales para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, y reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional de 151 a 100 legisladores.

La pregunta restante corresponde a una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si respaldan la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.

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El CNE ha asegurado que trabaja en conjunto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y organismos de emergencia para garantizar un proceso electoral seguro, transparente y con pleno resguardo del orden público.

(I)