El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCS) aprobó los informes técnico nacional y final de la veeduría ciudadana conformada para “vigilar el proceso para conservar indefinidamente bajo tierra el crudo del bloque 43, de los campos ITT del Yasuní, de acuerdo al resultado de la consulta popular del 20 de agosto del 2023”.

El organismo acogió las conclusiones y recomendaciones de esta veeduría, con siete votos, unanimidad, en una sesión ordinaria del pasado 5 de noviembre de 2025.

El documento final de la veeduría, aprobado por el CPCCS reconoce que persisten incumplimientos sustanciales del mandato ciudadano y del dictamen de la Corte Constitucional, especialmente por la falta de un plan de cierre aprobado, de acciones de remediación y de transparencia informativa por parte de las instituciones responsables.

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Asimismo, establece que hay un incumplimiento estructural del mandato del 20 de agosto de 2023, que vulnera la voluntad popular, los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV).

A través de un comunicado, el colectivo Yasunidos, que impulsó este proceso de seguimiento, señala que el informe final de la veeduría, observa, entre otras cosas:

  • La ausencia de un Plan oficial de Cierre y Abandono para el Bloque 43–ITT con cronograma verificable, metas y garantías financieras.
  • La prolongación de la actividad extractiva más allá del plazo máximo de un año establecido por la Corte Constitucional, con nuevas intervenciones y pasivos ambientales sin remediar.
  • Opacidad e inconsistencias en la información sobre pozos, convenios con comunidades, presupuesto ejecutado y pasivos ambientales, así como obstáculos al acceso a información.
  • La debilidad del rol garante de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, que no han desplegado acciones suficientes para proteger a las comunidades y a los PIAV.

En su pronunciamiento, Yasunidos dice que “el gobierno de Daniel Noboa ha optado por desconocer en la práctica el mandato popular del 20 de agosto de 2023, prolongando la extracción en el Bloque 43– ITT y postergando indefinidamente el cierre y la remediación integral del Yasuní“.

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En este marco, el informe acogido por el Consejo de Participación también dispone a ocho instituciones del Estado obligaciones que se deben cumplir como parte de una hoja de ruta para cumplir con la consulta de 2023.

Por ejemplo, a la Corte Constitucional le ordena pronunciarse públicamente sobre el incumplimiento de su dictamen, abrir una fase de seguimiento con audiencias donde se escuche a la veeduría, a YASunidos y a las comunidades, y adoptar medidas para hacer cumplir su propia sentencia.

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A Petroecuador se dispone presentar un plan de cierre y abandono del Bloque 43, con un cronograma, presupuesto y garantías. Asimismo, se pide que transparente toda la información sobre derrames, pasivos, convenios y ejecución presupuestaria; y cesar la extracción y producción de crudo en el Yasuní-ITT.

Además, la veeduría instó al Ministerio de Energía y Minas (y su sucesor) liderar la coordinación interinstitucional a través del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní- ITT, con participación de la NAWE y las comunidades, y promover los ajustes normativos necesarios para garantizar el abandono definitivo del bloque.

A la vez, al Ministerio del Ambiente (y su sucesor) le dispone reconocer los pasivos ambientales existentes, garantizar auditorías independientes antes y después del cierre, y monitorear el proceso con reportes públicos periódicos.

Al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (y su sucesor) y a la Defensoría del Pueblo se les exhortó a desplegar acciones efectivas de protección, reparación y vigilancia de derechos para pueblos y comunidades.

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Por último, el informe manda a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General del Estado a activar comisiones de fiscalización y auditorías sobre el proceso de cierre y remediación del Bloque 43, con audiencias públicas y posibles sanciones por incumplimiento.

Más de dos años han pasado de la consulta popular por el Yasuní ITT y colectivos sociales, ambientalistas, así como pueblos y nacionalidades indígenas reclamarán el incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de la voluntad popular expresada en las urnas. (I)