La nominación de la ex fiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, como precandidata por Acción Democrática Nacional (ADN) a una eventual asamblea constituyente no fue una sorpresa para algunos sectores políticos.
Esto porque la semana pasada ya se la escuchó en el medio digital Visionarias dando criterios, desde su vivencia como fiscal, sobre los cambios constitucionales que deberían hacerse para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Este domingo, 16 de noviembre del 2025, Ecuador irá a la urnas para decidir en una consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa si desea que se instale una constituyente que redacte una nueva constitución en remplazo de la vigente. Esta se conformaría por ochenta miembros, quienes sesionarían por seis meses con la posibilidad de prorrogarse por dos más.
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Salazar decía, por ejemplo, que mucho se habla de la delincuencia organizada y sobre el terrorismo, pero que en los artículos de la Constitución no se establece la posibilidad del juzgamiento en ausencia, a diferencia de aquellos delitos de enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado, aquellos delitos relacionados con la corrupción, que sí lo son. Por lo tanto, señalaba la exfiscal, sería una herramienta valiosa que en la Constitución se plasme aquello.
Lo mismo con la imprescriptibilidad de los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo, porque las personas huyen del país, la etapa del juicio se suspende y diez años más tarde “regresan como héroes y dicen que han sido encontrados inocentes, cuando en realidad prescribió la acción”, apuntaba Salazar.
Indicaba que cabía redactar una nueva constitución y no solo limitarse a hacer parches, tomando en cuenta que la actual rige desde hace diecisiete años y la realidad que vive el país es totalmente distinta a la del 2008.
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Agregaba que hay un abuso de garantías y que el país debe sentarse a discutir qué hacer para evitar, por ejemplo, que los jueces amparados en las garantías constitucionales, como el habeas corpus, entreguen beneficios penitenciarios a aquellas personas que se encuentran sentenciadas por delitos graves, como delincuencia organizada, por su relación con el narcotráfico u otros delitos graves.
Su trayectoria
Hija de una psicóloga que era madre soltera, Salazar tiene una licenciatura en Ciencias Sociales; es abogada y doctora en Jurisprudencia, con una maestría en Derecho Procesal, y es especialista en Derecho Penal Económico y en Derechos Humanos.
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Inició su carrera como asistente de fiscal en el 2001; cinco años después la ascendieron a secretaria; y en el 2011 ya la nombraron fiscal.
Su nombre empezó a cobrar relevancia en el 2016, cuando se le encargó el caso FIFA Gate en Ecuador y procesó por lavado de activos a Luis Chiriboga Acosta, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Al año siguiente investigó al exvicepresidente Jorge Glas, hallando evidencia para procesarlo en el caso Odebrecht Ecuador. La acusación la hizo finalmente el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno, afín al correísmo.
Salazar participó en el concurso para fiscal general realizado por el CPCCS-T. Obtuvo la mejor puntuación dentro del proceso, con 88,17 puntos: 49 en méritos, 10 en el examen escrito y 28,17 en la audiencia oral, más un punto por acción afirmativa al ser afrodescendiente.
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La exfuncionaria terminó ocupando un cargo para el que fue designado Baca Mancheno en el 2017 y que iba hasta 2023. La censura y destitución que resolvió contra él la Asamblea Nacional en abril de 2018 causó que existieran varios fiscales generales encargados antes que la titular: Thania Moreno, Paúl Pérez Reina y Ruth Palacios.
A lo largo de su gestión, la exfiscal participó en unas tres decenas de casos de alto perfil político relacionados con personajes con fuero de Corte Nacional, ya sea iniciando el proceso o continuando los que ya tenían sentencia de algún nivel.
De esa lista son parte los casos Sobornos 2012-2016, Odebrecht Ecuador, Secom, Secuestro Fernando Balda, Senagua, Caminito, Hospital de Pedernales, Las Torres, Dhruv, Diezmos, Sinohydro, Celu, Vocales, China CAMC, Reconstrucción de Manabí, Liga2...
Cuando concluyó su periodo, en abril del 2025, se quedó unas pocas semanas más, ya que el CPCCS actual no había concluido el concurso para seleccionar a su remplazo. Luego se conoció que había aceptado la propuesta de Noboa de ser embajadora de Ecuador en Argentina, país al que viajó en mayo de este año.
‘Candidatura de arrastre’
El penalista Julio César Cueva señala que una posible candidatura de Salazar es “de arrastre”; es decir, para atraer más votos considerando que salió de la Fiscalía General con un buen perfil por su manejo de los casos de corrupción ya conocidos, y el sello de ‘antidelincuencia’ y ‘anti crimen organizado’ que Noboa le quiere dar a una posible constituyente.
“Sin embargo, en el largo plazo es un error, porque de ser electa y de no obtener el Gobierno las 2/3 partes requeridas para aprobar textos, su presencia —peor si es electa presidenta de la constituyente— va a generar demasiada resistencia en la oposición como para llegar a consensos y, en consecuencia, aprobar una nueva constitución”, refiere.
Su candidatura, opina el jurista, “demuestra además que el Gobierno no tiene gente suficiente para armar listas de calidad con personas que sepan de derecho constitucional, sin perjuicio de que las declaraciones iniciales de Salazar muestran que ellos apuntan a la parte relativa a los principios del debido proceso tomando en cuenta que, según el Gobierno, la Constitución es ‘prodelincuentes’, olvidando que la Corte Constitucional señaló que no puede haber regresión de derechos, lo que significa que, si se quiere hacer esos cambios, de tener los votos, van por una constituyente de plenos poderes, violando lo dicho por la Corte”.
La consultora política Stephanie Macías señala que, desde una lectura estratégica, una eventual candidatura de Salazar por Pichincha sería una apuesta sólida del Gobierno por la seriedad y la legitimidad del proceso constituyente.
“Representa la intención de colocar en el debate figuras que proyecten independencia, rigor técnico y compromiso con la institucionalidad. En un país donde la ciudadanía exige resultados y no discursos, su perfil transmite que el Gobierno se toma en serio la tarea de generar una nueva carta magna que supere la improvisación política y devuelva confianza en el sistema”, sostiene ella.
“Pichincha, además, es un escenario clave para marcar el tono del proceso. Allí se concentra el voto más crítico y politizado del país, y ganar legitimidad en esa provincia significa dotar al proyecto de peso nacional. Incluir a una figura con reconocimiento transversal y credibilidad institucional enviaría el mensaje de que la constituyente no busca poder, sino propósito: construir una arquitectura estatal más eficiente, transparente y moderna. En términos políticos, es una jugada que refuerza narrativa y contenido”, explica Macías.
Para el consultor político Alfredo Espinosa, “el anuncio del presidente Noboa con los nombres de sus asambleístas constituyentes confirma lo que varios advertimos: ese espacio será una réplica pequeña de la Asamblea Nacional”.
“Una constitución entre familiares faltones, amigos y cuotas de mesa chica sería fatal para la democracia”, lamentó. (I)
