La Asamblea Nacional declaró improcedente pronunciarse sobre el pedido de la jueza Daniella Camacho para autorizar el enjuiciamiento penal de la exlegisladora Esther Cuesta, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), al constatar que ya no está en funciones y, por tanto, no goza de inmunidad parlamentaria.
Con 78 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones, el pleno aprobó este 27 de mayo una resolución que devuelve el pedido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dejando el camino libre para que la Fiscalía continúe con el proceso penal en su contra. Ya ha solicitado fecha y hora para la audiencia de vinculación, pero aún no hay respuesta.
Cuesta sería procesada penalmente por el presunto delito de asociación ilícita junto con Andrés Arauz, actual secretario del movimiento RC, y Raúl González Carrión, designado pero no nombrado superintendente de Bancos, dentro del caso denominado Liga2, que investiga una presunta estructura articulada para influir en la designación de autoridades estratégicas del Estado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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En este caso ya están procesados tres exconsejeros del CPCCS: Augusto Verduga, Eduardo Franco, Yadira Saltos; y la actual consejera Nicole Bonifaz, por presuntamente intentar tomarse instituciones, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, para favorecer políticamente al correísmo. A ellos se sumarían Cuesta, Arauz y González como presuntos colaboradores.
En la diligencia de vinculación pedida por la Fiscalía se conocerá en detalle la tesis que se maneja en torno a la participación de Cuesta en el caso Liga2.
La Fiscalía basa parte de su acusación contra los cuatro primeros procesados en información extraída del celular del exconsejero AugustoVerduga.
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En los chats con Arauz se menciona a Cuesta, quien el pasado enero presidía la Asamblea de forma encargada, en el contexto de presuntas maniobras para evitar la posesión de Roberto Romero como superintendente y facilitar el retorno de González, afín al correísmo.
A pesar de que finalmente Cuesta tomó el juramento a Romero el 27 de enero pasado, la Fiscalía sostiene que antes solicitó al CPCCS que revisara la validez del proceso de selección, lo que sería parte de una estrategia deliberada para obstaculizar su posesión, a favor de González.
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El expediente menciona presiones internas en la RC, incluyendo advertencias de Arauz sobre su posible retiro del movimiento si se confirmaba a Romero.
La instrucción fiscal del caso se inició el 15 de marzo pasado y se extenderá hasta mediados de junio.
Cuando se concrete la vinculación, la Fiscalía prevé ampliar la instrucción por 30 días adicionales, ahora bajo la gestión del fiscal general encargado, Wilson Toainga, que reemplazó a Diana Salazar. (I)
