Que “la Revolución Ciudadana ha descontextualizado hechos ocurridos hace más de una década" fue la respuesta de Edgar Lama, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a la polémica por una glosa de la Contraloría General del Estado, en contra de esta institución por cobros indebidos de las empresas Teoton y Alboteoton S. A., prestadoras de servicios de salud y hospitalarios al IESS, vinculadas al grupo de su familia.
A través de una carta, emitida este jueves, 6 de noviembre de 2025, el funcionario defendió que estos señalamientos tienen un “único propósito de manchar mi nombre y afectar la reputación que he construido con trabajo honesto a lo largo de toda mi carrera profesional”.
Una resolución de la Contraloría, con fecha 21 de abril de 2025, ratificó una glosa contra el IESS por $ 3′757.712.
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El hecho lo hizo público el asambleísta Héctor Rodríguez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), el 5 de noviembre, quien afirmó que el informe de la Contraloría ratifica una glosa en tercera instancia en contra del IESS por cobros indebidos por parte de dos empresas cuyos socios son familiares de la máxima autoridad del IESS, lo cual revelaría una muestra de peculado y conflicto de intereses a la hora de entregar contratos.
Sobre este caso, Edgar Lama explicó que los servicios médicos en cuestión fueron prestados entre 2013 y 2014. En 2018, agregó, los funcionarios del IESS de ese entonces realizaron los pagos sin objeciones, reconociendo la legitimidad del trabajo efectuado.
“Siete años más tarde, en 2020, se ejecutó una auditoría médica que registró observaciones sobre los soportes documentales presentados en 2013, derivadas de los sistemas ineficientes de control que mantenía el IESS en esa época. Finalmente, doce años después de los hechos, en 2024, la Contraloría General del Estado emitió una glosa por supuestos servicios no prestados”, repasó el presidente del directorio del IESS.
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En la misiva, Lama puntualizó que “las prestaciones sí se realizaron, fueron reconocidas y pagadas por el IESS”, sin embargo, aclaró, “lo que no existía, doce años después, eran los soportes administrativos originales, debido a los deficientes sistemas de archivo y control que el Instituto mantenía en aquel entonces”.
En este sentido, el funcionario sostuvo que actores políticos han tomado esta información fuera de contexto, tergiversando los hechos y utilizando los documentos de forma maliciosa para imponer una narrativa falsa y dañina.
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Dijo además que cuando los hechos ocurrieron, él no tenía participación política ni administrativa alguna.
“Hoy, que trabajo con firmeza para transparentar los procesos dentro del IESS, pretenden manipular un episodio del pasado —de cuando tenía apenas 19 años— para construir un relato falso de corrupción", dicta el pronunciamiento.
Edgar Lama finalizó que para que hechos como estos no vuelvan a suceder, se trabajará en modernizar y digitalizar integralmente los sistemas de auditoría, “garantizando trazabilidad, eficiencia y transparencia en todos los procesos”.
“No tengo nada que ocultar. He actuado siempre dentro de la ley, con la conciencia tranquila y la convicción de que mi gestión se fundamenta en la transparencia, la eficiencia y el compromiso con los afiliados, jubilados y asegurados del país”, concluye Lama en su carta.
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Sobre este caso, el legislador Héctor Rodríguez, acompañado de un grupo de coidearios del correísmo, afirmó que en seis expedientes se procesaron 24 trámites que afectaron a 1.397 beneficiarios, por pagos que no contaban con los soportes que justifiquen el levantamiento de objeciones.
Como ejemplo citó que la Contraloría detectó que se facturó una cirugía sin evidencia, cuyo prestador de salud fue la empresa Teoton, cuyo valor asciende a $ 112.340,15. El tipo de servicio declarado fue una cirugía y hospitalización por trauma, y entre los hallazgos se determinó que no constaba la historia clínica completa, no hay informe quirúrgico firmado por el cirujano tratante, no existe registro anestésico, no consta el consentimiento informado y tampoco existe el acta de auditoría médica que valide la pertinencia del procedimiento. (I)
