Jorge Glas y las complicaciones que le genera la nueva sentencia por los actos de corrupción en el caso Reconstrucción de Manabí

La sentencia de primera instancia por el delito de peculado de trece años de cárcel que se le impuso a Jorge Glas la tarde del pasado lunes, 30 de junio, dentro del caso Reconstrucción de Manabí, trastoca completamente la situación legal del líder del correísmo. Junto con el expresidente del Comité de Reconstrucción también fue condenado a la misma pena de trece años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción.

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Esta pena diluye la idea de que el exvicepresidente de la República pueda dejar la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil, por cumplimiento de la condena o por acogerse al régimen de prelibertad. Glas se encuentra en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) La Roca desde el 6 de abril de 2024, luego de que agentes policiales entraron a la Embajada de México, en Quito, y detuvieron al excompañero binomial de Rafael Correa y Lenín Moreno.

El lunes último, los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en lectura de su decisión unánime, aseguraron que en el juicio se acreditó que en virtud de la potestad estatal que tenían Glas, como presidente del Comité de Reconstrucción, y Bernal, como secretario técnico de esa instancia, abusaron de dineros públicos recaudados por la Ley de Solidaridad para atención a víctimas del terremoto de abril de 2016, en beneficio de terceros, es decir, familiares del procesado Bernal.

Ese abuso del que habló el Tribunal de Juzgamiento se habría dado cuando los hoy exfuncionarios públicos priorizaron obras que no estaban destinadas a atender las necesidades de las víctimas.

La situación legal que genera la nueva condena

El 30 de mayo de 2023, luego de una audiencia de cómputo de pena, la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas resolvió definir que al exvicepresidente le faltaban por cumplir dos años, once meses y quince días de la pena unificada de ocho años que se le impuso al sumar las condenas de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita, en el caso Odebrecht Ecuador, y los ocho años de privación de la libertad por el delito de cohecho pasivo agravado, parte del caso Sobornos 2012-2016.

Si a Jorge Glas se le tomaran en cuenta los últimos catorce meses y veinticinco días que hasta el 1 de julio ha permanecido internado en La Roca, al hombre fuerte de los sectores estratégicos del Gobierno correísta le restarían por cumplir un año, ocho meses y veinte días de la condena unificada por los actos de corrupción que la Fiscalía demostró en audiencia que habría cometido el procesado cuando ocupó cargos públicos.

En este cálculo no consta lo que podría haber resuelto un juez de Garantías Penitenciarias respecto al año de presentaciones periódicas por una “libertad provisional” dispuesta en noviembre de 2022, como parte de una medida cautelar autónoma emitida por el hoy destituido juez de Santo Domingo de los Tsáchilas Emerson Curipallo, y a los menos de cuatro meses como asilado del Gobierno mexicano, estatus que consiguió Glas luego de que el 17 de diciembre de 2023 ingresó a esa delegación diplomática en la capital ecuatoriana argumentando que su vida corría peligro y era un perseguido político.

Mientras esté vigente la pena de trece años de cárcel por el delito de peculado y se encuentre recluido en una prisión de máxima seguridad, el panorama jurídico que le queda a Jorge Glas, quien en septiembre próximo cumplirá 56 años de edad, es seguir privado de la libertad.

La apelación es la ruta que seguirá la defensa del exvicepresidente

Sus abogados han anticipado que apelarán el fallo de primer nivel; pero, para que planteen formalmente este recurso, el Tribunal de Juicio primero debe notificar a las apartes con el dictamen por escrito; luego deberá sortearse a tres nuevos jueces que conozcan el recurso, definirse una fecha para la audiencia y darse la diligencia en la que se confirmará o no la sentencia.

Andrés Villegas, uno de los tres abogados que representaron a Jorge Glas en el caso Reconstrucción de Manabí, criticó la condena de trece años impuesta, principalmente explicando que ese tiempo de prisión se le da a un hombre que ni siquiera pudo ser sujeto activo de un delito que ni siquiera existe.

“Con esta sentencia se ha sepultado el último resquicio de dignidad que le quedaba a la justicia penal ecuatoriana. Se reconoció que el exvicepresidente Glas no administraba fondos públicos; pero luego, para justificar este embuste de condena, se dijo que él impulsaba la contratación de los proyectos de este juicio. Luego, se hace una pausa, porque ese impulso ya tenía el hedor de ese impulso psíquico 2.0. Corrigen, y la jueza ponente dice: ‘Por si acaso, no hemos dicho impulso, sino acciones’. Pero ni siquiera se describieron cuáles fueron las acciones. Realmente, como abogado, yo me siento avergonzado de ver cómo se intenta justificar lo injustificable”, refirió Villegas luego de la condena por peculado.

Durante estos casi quince meses en prisión, varios abogados que integran la defensa de Glas han intentado que se le ordene arresto domiciliario mediante habeas corpus correctivos, habeas data, acciones de protección, entre otros mecanismos constitucionales. Esto ante la riesgosa situación de salud, los actos de tortura que ha vivido, los pensamientos de suicidio que mantendría y la falta de atención médica al exvicepresidente.

También dentro de estas acciones constitucionales se ha solicitado que se haga efectivo el asilo otorgado por México a Jorge Glas y, en ese marco, que el Gobierno de Daniel Noboa emita el salvoconducto que permita su salida de Ecuador. A favor del exvicepresidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en 2019 medidas cautelares al considerar que se encontraba encarcelado en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

A mediados de noviembre de 2024, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura u Otros Tratos Crueles, Alice J. Edwards, pidió al Gobierno de Ecuador que garantice que Jorge Glas sea “tratado con humanidad y dignidad”, ya que habría advertido que su situación puede poner en peligro su vida.

Conclusiones de la evaluación psiquiátrica

Una evaluación psiquiátrica realizada al exvicepresidente Glas, dentro del caso Reconstrucción de Manabí, determinó que presenta un trastorno depresivo grave, acompañado de un riesgo suicida alto. El informe fue elaborado por la perito Ángela Salazar, médica especialista en psiquiatría, neuropsicología y medicina legal.

La entrevista abordó aspectos personales y emocionales de Glas, quien afirmó que desde enero pasado tiene restringidas las visitas y el acceso al patio en la cárcel La Roca. Señaló además que sufre de insomnio crónico y que no recibe medicación adecuada.

Durante la pericia se habrían aplicado cinco test psicométricos para evaluar funciones cognitivas, riesgo suicida, ansiedad, depresión y el estado general de funcionamiento psicológico y social. El resultado en la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik-Van Praag fue de 13 sobre 15, lo que indica alto riesgo de suicidio y necesidad de intervención inmediata. En la escala de ansiedad, obtuvo 18 puntos, correspondientes a un nivel leve a moderado, mientras que el diagnóstico final reveló una depresión grave.

El informe también habría identificado tres diagnósticos principales: trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos; simulación consciente: presencia de síntomas inducidos de manera deliberada con posible intención secundaria; y transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica.

Según la perito, “Jorge Glas presenta una enfermedad mental grave, que puede mejorar con tratamiento. No afecta su conciencia ni su inteligencia, pero sí disminuye su voluntad para las actividades cotidianas”.

Otras investigaciones que incluyen a Jorge Glas

Además de las penas de cárcel que están en firme para Jorge Glas, él en el caso Odebrecht aún tiene pendiente pagar una reparación integral que sobrepasa los $ 7 millones, y en el caso Sobornos, una reparación económica al Estado de $ 778.224 en calidad de instigador del delito de cohecho. A esos rubros se podría sumar una indemnización para el Estado de $ 125 millones, cifra que fue definida en la sentencia por peculado del lunes, 30 de junio.

Pero los temas relacionados con la justicia no concluyen para Glas con las penas unificadas y la sentencia de primer nivel del caso Reconstrucción de Manabí. Él actualmente es parte de la investigación previa abierta para definir a los autores intelectuales del aseinato al estilo sicariato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y tiene una denuncia de acoso que hizo pública su exasistente Soledad Padilla, en 2023.

Además, la Fiscalía abrió un proceso penal por el delito de asociación ilícita, denominado Vidrio Libre, en el que se analiza la forma ilícita en la que habrían conseguido las medidas cautelares autónomas que le permitieron a Glas quedar en libertad en noviembre de 2022. De momento en este caso, en el que el exvicepresidente resultó beneficiado, solo son investigados el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán; la exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas Anabell Torres; los exabogados de Glas, Édison Loaiza y Cristian Palacios; y el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo Alcívar. (I)