Juristas, preocupados por efectos de las reformas al COIP que debate la Asamblea en el debido proceso

Dos temas de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que a esta hora debate el pleno de la Asamblea Nacional preocupan a varios juristas consultados por este Diario. El pleno se instaló a las 10:00 de este 15 de febrero para tramitar en segundo debate estos cambios, que constan en el informe elaborado por la Comisión de Justicia, presidida por el correísta Fernando Cedeño. Se trata de la inclusión de una nueva causal para dar paso a la presentación de recursos extraordinarios de revisión de las sentencias penales ejecutoriadas, y la exclusión de la Asamblea Nacional de la reserva de las indagaciones previas que realiza la Fiscalía. En el primer caso, la causal que se agrega es la siguiente: “En situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias, estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador”. En el segundo caso, donde excluye a la Asamblea Nacional la reserva de aquellos casos que investiga la Fiscalía, se dispone que cuando la legislatura solicite información “de los casos o hechos que se encuentren en investigación previa, la Fiscalía General del Estado, sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida, sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionada en caso de que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad, que ponga en peligro la investigación”. El jurista Antonio Gagliardo, quien fue fiscal de Guayas y juez de la Corte Constitucional, señaló que en el debate debería establecerse que solo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan servir como base de un recurso extraordinario de revisión, ya que ha habido algunos de sus fallos en contra del Estado por llevar mal los procesos judiciales. “No estoy de acuerdo con que se amplíe a otros comités de derechos humanos”, dijo. “Debemos entender que el recurso de revisión busca que alguien que haya sido sentenciado injustamente o por errores pueda acogerse, antes era más amplio, se limitó en el actual COIP, al agregarse esta causal no significa que ya tiene el recurso sino que se tiene que ir a una audiencia y seguir insistiendo en el tema. Una cosa son cuestiones de errores, pero puede haber otras pruebas que vinculen a las personas y se determine el cometimiento del delito”, explicó. Respecto al segundo punto, Gagliardo señala que sí se debe mantener la reserva. “La Fiscalía puede informar de una manera superficial, sin dar mayores detalles, que puedan servir para dar datos a las personas que están siendo investigadas, creo que sería un error de la Asamblea levantar ese sigilo cuando ellos lo pidan porque puede haber intereses políticos. Eso sí atentaría a la eficacia de la investigación que, por reserva, se logran resultados. Si alerta a los que están siendo investigados en casos delicados, sencillamente la investigación fracasa”, expresó. El penalista Juan Manuel Guzmán señaló, asimismo, que aumentar la citada causal para la presentación de los recursos de revisión es una “barbaridad”. “Existe lo que se llama la “fuerza autoritativa del derecho”, es decir, como sociedad acordamos cuáles van a ser nuestras normas y nos atenemos a ellas. Una condena de un juez penal es el producto de esa decisión colectiva. Si nosotros incorporamos esa causal, si le permitimos a una oenegé, a ese organismo de derechos humanos, que nos diga cuándo hay o no violaciones de derechos humanos le estamos diciendo a un grupo selecto de personas que no conocemos que van a tener derecho a opinar por encima de la autoridad que le hemos dado a los jueces para condenar. Sería tirar a la basura nuestro orden jurídico que se pueda revisar sentencias en firme por las opiniones de comités de derechos humanos”, dijo. Guzmán cree que esto está dirigido para beneficiar a Rafael Correa, quien ha puesto una denuncia de irregularidades en su sentencia del caso Sobornos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Respecto a quitar la reserva a las investigaciones penales cuando lo pida la Asamblea, el jurista dijo: “¡Por favor, si los criminales más grandes están en la Asamblea!”. “Sería una locura hacerlo, estaríamos retrocediendo en los avances investigativos que hemos tenido en la ley penal”, indicó. Por su parte, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que estas reformas del COIP son “una nueva metida de mano en la justicia”, desde el ámbito procesal, que tiene por finalidad la impunidad para personas con sentencias condenatorias ejecutoriadas. Criticó que algunas reformas proponen quitar a la Fiscalía la titularidad de la acción penal. Dijo que hay cuatro puntos que “son alarmantes”. El primero es que se pretenda incluir como causal para la revisión de sentencias informes de comités de derechos humanos. “Se estaría legislando a la carta”, porque beneficiaría a ciertos sentenciados que quieren acogerse al recurso de revisión. “Estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez, más allá de lo que ya las cortes nacionales han dictado sentencia”, opinó. El segundo punto preocupante de los cambios al COIP es que se levantará la reserva de las investigaciones previas cuando la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Contraloría soliciten información de los casos. Salazar tampoco está de acuerdo con que la Fiscalía archive las investigaciones previas de delitos que aún no han prescrito. Comentó que eso es “populismo penal”, al igual que la propuesta de incrementar las penas para ciertos delitos, porque el problema actual que del país no pasa por aumentar o endurecer las penas, “con las que tenemos sería suficiente si tuviéramos un sistema de justica fuerte”, señaló la autoridad e indicó que la Comisión de Justicia, que tramita el proyecto de ley, no acogió las recomendaciones de la Fiscalía para modificar el COIP. (I)

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