Como “confidencial” se catalogó la información relacionada con el registro de los beneficiarios del proyecto gubernamental Jóvenes en Acción y la compensación a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel.
El pasado 10 de octubre, el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, suscribió dos instructivos para la aplicación de mecanismos que permitan cumplir con el programa Jóvenes en Acción y la compensación a los transportistas, luego que el presidente de la República, Daniel Noboa, canceló la asignación de recursos para subsidiar el diésel y subió su precio a $ 2,80.
Esto se articula al Decreto Ejecutivo 180, que creó un mecanismo de compensación de una entrega monetaria mensual para los vehículos comerciales, de carga pesada, liviana, transporte mixto y escolar.
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Entre las principales disposiciones, en el artículo 3 se declara la confidencialidad de la información.
“Los datos, información y/o documentación que se manejen en el presente procedimiento son de carácter confidencial; en tal sentido, los servidores públicos de las unidades a cargo tendrán la obligación de manejarlos con absoluta reserva y restricción. Se prohíbe la divulgación o utilización de la información con fines ajenos al cumplimiento del presente procedimiento, su inobservancia, intento de acceder, modificar, adulterar o dañar información serán considerados como falta grave y se procederá con el régimen disciplinario correspondiente. Las y los servidores públicos designados para el manejo y/o acceso a la información del presente procedimiento deberán obligatoriamente y de forma previa suscribir un acuerdo de confidencialidad”, cita la normativa.
De acuerdo con información oficial, el Gobierno nacional tiene a su cargo 20 proyectos a los que denomina “programa de redistribución de recursos”, en donde hay incentivos monetarios para 23.300 beneficiarios del sector de transporte, el bono Raíces, el plan Nuevo Transporte y otros más.
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Adicionalmente está Jóvenes en Acción, que entrega a personas de entre 18 y 29 años $ 400 mensuales y abrió una segunda fase de cobertura.
Está previsto que desde el 1 de noviembre próximo arranque la vinculación a las actividades en las instituciones públicas en las que los registrados prestarán sus servicios.
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Por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió un instructivo en el que se precisan las actividades que cumplirán los jóvenes.
Esencialmente, se integrarán equipos de trabajo para apoyar en zonas con riesgo de acumulación de agua o tendientes a inundaciones o deslizamientos de tierra. (I)
