El movimiento Unidad Popular presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional contra la Ley de Integridad Pública, que se aprobó en la Asamblea Nacional, el 24 de junio de 2025, con 84 votos.
Geovanni Atarihuana, director nacional de la organización política, acompañado de integrantes de Unidad Popular, ingresó la acción pública de inconstitucionalidad en el edificio de la Corte Constitucional, en Quito, la mañana del 3 de julio.
El dirigente explicó que la demanda es en contra de los artículos que reforman la Ley Orgánica de Servicio Público; el Código de la Niñez; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Movilidad Humana y otros cuerpos legales.
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Estas modificaciones de la Ley de Integridad, que está vigente desde el 26 de junio, afecta a la estabilidad de los servidores públicos, a la jubilación, a los niños y adolescentes, y permite “meter la mano a la justicia, para designar a jueces golondrina”.
La demanda de inconstitucionalidad de Unidad Popular apela seis artículos y seis disposiciones transitorias. Asimismo, el movimiento solicitó medidas cautelares, para que se suspendan provisionalmente estas reformas.
Los dirigentes también anticiparon que se unirán a las movilizaciones convocadas por otros sectores sociales como el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Médica Ecuatoriana en contra de la Ley de Integridad.
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Esta es la cuarta demanda de inconstitucionalidad que se presentó en contra de la Ley de Integridad Pública.
Desde el 30 de junio, la Unión Nacional de Educadores (UNE), abogados y la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros presentaron acciones, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ley del Ejecutivo. (I)
