Universidad del Río propone once reformas estructurales a la Constitución que requerirían una asamblea constituyente

A menos de un mes de la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, en que se preguntará si se convoca una asamblea constituyente del Ecuador para redactar un nuevo marco constitucional, la Universidad del Río (UDR) propone casi una docena de modificaciones profundas al texto constitucional vigente, abarcando desde la definición del Estado hasta la configuración del Poder Legislativo y la economía.

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La propuesta parte de la premisa de que los mecanismos tradicionales de enmienda o reforma parcial no son suficientes para abordar los cambios estructurales planteados. Según la UDR, estas transformaciones solo pueden realizarse “a través de una asamblea constituyente”.

Los ejes principales de la propuesta son los siguientes:

1) Definición del Estado y derechos

• Se plantea que el Estado ecuatoriano sea definido como “Estado constitucional de derecho”.
• Se propone reincorporar el derecho a la seguridad jurídica en el catálogo de derechos (art. 66), como estaba en la Constitución de 1998, y no dejarlo solo como explicación en el art. 82 actual.
• La seguridad jurídica debe incluirse también entre los deberes primordiales del Estado (art. 3).

2) Nacionalidad

• Se sugiere eliminar el numeral 3 del art. 7, que otorga nacionalidad a personas nacidas fuera del país con simple presencia en zonas de frontera.
• Se pide volver al criterio de la Constitución de 1998, que exigía vínculos más claros con el Estado ecuatoriano.

3) Organización territorial

• Se propone revisar la división en regiones autónomas (art. 244), considerada una copia del modelo español que no se adapta a la realidad ecuatoriana.

4) Designación de altas autoridades

• Se pide cambiar el sistema actual de designaciones, que se basa en una meritocracia “falsa” y sujeta a influencias políticas.
• Los movimientos políticos deben asumir responsabilidad por sus nominaciones.

5) Consejo de la Judicatura

• Se propone eliminar el Consejo de la Judicatura y reemplazarlo por un sistema disciplinario judicial especializado.
• Este sistema tendría órganos de investigación y sanción independientes dentro de la Función Judicial.
• Cada organismo (Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública) manejaría su propio presupuesto.
• La elección de jueces estaría a cargo del pleno de la Corte Nacional.

6) Justicia indígena

• Se recomienda redefinir la justicia indígena para evitar choques con el Estado unitario.
• Se propone regresar al modelo de 1998, en el que la justicia indígena operaba solo dentro de su ámbito interno y bajo compatibilidad con las leyes nacionales.
• El Convenio 169 de la OIT no otorga derecho a sistemas judiciales paralelos, sino a que se respeten las costumbres dentro del marco nacional.

7) Sectores estratégicos y economía

• Se sugiere eliminar el monopolio estatal sobre los sectores estratégicos, debido a ineficiencia y corrupción.
• Se busca abrir espacio a la inversión privada nacional y extranjera, con cláusulas de estabilidad normativa y seguridad jurídica.
• Se recomienda adoptar un modelo similar al peruano, en su enfoque del régimen económico y que protege la libertad contractual y el arbitraje nacional o internacional.

8) Derechos de la naturaleza

• Se pide mantener la protección ambiental, pero no equiparar la naturaleza con una “titular de derechos humanos”.
• Se argumenta que los derechos humanos derivan de la dignidad humana y que la protección ambiental debería sustentarse en tratados específicos, no en una equiparación directa.

9) Las cinco funciones del Estado

• Se propone volver al esquema clásico de tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
• Se eliminarían la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral, pues el Consejo de Participación Ciudadana ha sido ineficaz y politizado.
• El modelo tripartito se considera suficiente para garantizar el equilibrio de poderes.

10) Corte Constitucional y control político

• Se propone mantener la Corte Constitucional, pero sujeta a control político (juicio político en caso de abuso o prevaricato).
• Se considera necesario evitar que la Corte se convierta en un “superpoder” sin rendición de cuentas.
• Se cita el ejemplo de México y otros países latinoamericanos, donde los jueces constitucionales pueden ser sometidos a juicio político por faltas graves o violaciones a derechos humanos.

11) Reconfiguración del Poder Legislativo

• Se propone restaurar un sistema bicameral (dos cámaras) en lugar del actual unicameralismo. Que haya una Cámara de Representantes (Baja) que tenga como requisitos ser ecuatoriano, 25 años, bachiller, 3 años de experiencia, sin antecedentes penales y cuya función sea la representación popular. Mientras tanto, el Senado (Alta), con requisitos como ser ecuatoriano, 35 años, título universitario, 5 años de experiencia, sin sanciones y su función será deliberación reflexiva, control político de alto nivel, revisión legislativa y ratificación de tratados.

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